Acuerdo cerrado. Carles Puigdemont comenzaba la jornada emitiendo vía X el fragmento de un poema de Salvador Espriu: "Deixar de ser aquell gos mesell que llepava l’aspra mà que l’ha fermat tant de temps, i esdevenir únic senyor (Dejar de ser aquel perro cobarde que lamía la áspera mano que le ha sojuzgado tanto tiempo, y convertirse en único señor). Y añadía: "Esto es lo que nos mueve desde que hoy hace nueve años comenzamos a caminar de nuevo. Indesinenter (sin parar)".
Era un mensaje para iniciados. Este jueves se cumplen nueve años del primer referéndum ilegal separatista y ese fragmento poético fue con el que David Fernández, entonces líder de la CUP glosaba el acuerdo por el que los separatistas radicales bendecían la sustitución de Artur Mas por Carles Puigdemont como presidente de la Generalidad.
Junts per Catalunya ha logrado todo lo que se proponía y todo lo que reclamó el prófugo en su comparecencia del pasado 5 de septiembre en Bruselas. El PSOE acepta que el Parlamento catalán proponga un nuevo referéndum de autodeterminación con el supuesto amparo del artículo 92 de la Constitución. Más una ley de amnistía tan genérica que incluye los supuestos casos de "lawfare", es decir la sentencia por corrupción de Laura Borràs, el procesamiento por blanqueo de capitales del narcotráfico de su abogado Gonzalo Boye, el caso Voloh relativo a las relaciones de los separatistas con el régimen de Putin y cualquier otro expediente judicial que afecte a los independentistas. Y a modo de guinda, la cesión de todos los impuestos, la presencia diferenciada de Cataluña en la Unión Europea y en cuanto organismo internacional se proponga.
El PSOE acepta el marco separatista
En los antecedentes del acuerdo firmado por el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, el indultado Jordi Turull, los socialistas aceptan el marco impuesto por el independentismo, la existencia de un conflicto político que se debe resolver en el marco de la política, la legitimidad de los dos referéndums ilegales celebrados en Cataluña, el 9-N de 2014 y el del 1-O de 2017, que el proceso fue culpa de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán en 2010.
Celebración de un referéndum
"Por lo que respecta al ámbito del reconocimiento nacional, Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña amparado en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatuto de 2006, así como el pleno despliegue y el respeto a las instituciones del autogobierno y a la singularidad institucional, cultural y lingüística de Cataluña", reza el primer apartado de la parte dispositiva del pacto.
Cesión del 100% de los impuestos
El segundo punto señala que "en el ámbito de los déficits y las limitaciones del autogobierno, Junts propondrá de entrada una modificación de la LOFCA que establezca una cláusula de excepción de Cataluña que reconozca la singularidad en que se organiza el sistema institucional de la Generalidad, que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña. Y por su parte, el PSOE apostará por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado de Cataluña, así como un diálogo singular sobre el impacto del actual modelo de financiación de Cataluña. En este ámbito, también se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el retorno a Cataluña de la sede social de las empresas que cambiaron de ubicación a otros territorios en los últimos años".
Amnistía y "lawfare"
En cuanto a la amnistía, el texto del pacto señala que se aprobará una "ley de amnistía para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato. Esta ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum del 2017 han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos hechos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación de esta legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que se puedan derivar situaciones comprendidas en el concepto de lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, si procede, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
Cataluña en las instituciones europeas
También han acordado Junts y PSOE "la ampliación de la participación directa de Cataluña en las instituciones europeas y otros organismos y entidades internacionales, particularmente en los asuntos que tengan especial incidencia en su territorio".
El acuerdo concluye con una cita a la investidura de Pedro Sánchez y a la "estabilidad de la legislatura, sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones" relacionados con el reconocimiento de la identidad nacional de Cataluña.
JxCat ha obtenido un pleno. Todas sus reivindicaciones tienen cabida en el acuerdo para investir a Sánchez y a tal efecto se establecerán diversas mesas de negociación para ampliar los contenidos de lo que ambas partes han calificado como un "acuerdo político" cuyos principales aspectos serán objeto de desarrollo a lo largo de la legislatura.
Mediador internacional
Junts ha logrado también la mediación internacional: "Para la consecución de estos acuerdos y dadas las profundas discrepancias sobre la forma final de la resolución del conflicto, además de las desconfianzas mutuas reconocidas por los dos, el PSOE y Junts han acordado dotarse de un mecanismo entre las dos organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y hacer seguimiento de todos el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue", apunta también el acuerdo.
Antecedentes del conflicto
En cuanto a los antecedentes del conflicto, el acuerdo entre el PSOE y Junts destaca que "la sentencia del TC del año 2010 comportó que hoy Cataluña sea la única comunidad autónoma con un Estatuto que no ha sido votado íntegramente por la ciudadanía. Como reacción, se produjo una gran manifestación de protesta y desde 2015 se han ido repitiendo mayorías absolutas parlamentarias independentistas en las sucesivas elecciones autonómicas, así como movilizaciones masivas de signo independentista. En este periodo se aprobaron diferentes propuestas por parte del parlamento y del gobierno de Cataluña en materia fiscal, así como la solicitud de delegación de la competencia para la autorización de referéndums o la organización de una consulta amparada en una ley autonómica. Lamentablemente, los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política y ninguna de estas propuestas, hechas desde la lealtad y el marco legal vigente, fue considerada".