La asociación mayoritaria de la Guardia Civil, Jucil, se ha sumado al rechazo al pacto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Se adhiere por completo al documento remitido por las cuatro asociaciones de jueces de España y recuerda que su obediencia se debe a la Constitución.
El mensaje de Jucil es de rotundo rechazo a la amnistía, a la negociación de la unidad nacional, al ataque a la Constitución y los jueces y al golpe al conjunto de la legalidad. "Sin Separación de Poderes no hay Estado de Derecho", señala Jucil. "Punto dos del Decálogo de la Guardia Civil. Defensa de España y de La Constitución: Mi primer deber es defender España, guardando y haciendo guardar la Constitución y las Leyes. Con lealtad al Rey", añade Jucil.
Acto seguido, la asociación mayoritaria se refiere literalmente al documento firmado por las cuatro asociaciones judiciales existentes en España. Y es que las cuatro se han unido para emitir un comunicado conjunto para denunciar la "intromisión en la independencia judicial y la quiebra de la separación de poderes" tras conocer el pacto de investidura alcanzado entre PSOE y Junts para investir a Pedro Sánchez. Un acuerdo que incluye la Ley de amnistía sobre el golpe del 1-O.
La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y la asociación Foro Judicial Independiente han emitido un comunicado conjunto y a él se adhiere sin un sólo pero la asociación mayoritaria de la Guardia Civil. Ese documento afirma que, ante el pacto "suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura, las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las referencias al "lawfare o judicialización de la política" y sus consecuencias. El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
Los jueces y ahora la Guardia Civil señalan que "ello podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes. Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución".
Hay que recordar que el Gobierno ya mira con lupa a Jucil por su defensa constitucional. La asociación mayoritaria de la Guardia Civil -Jucil- lanzó ya otro comunicado defendiendo la Constitución y la democracia y criticando la amnistía que negocia en estos momentos la izquierda con los golpistas, tal y como publicó Libertad Digital en su momento. Y uno de los diputados más destacados de Yolanda Díaz pidió de inmediato en el Congreso que la Benemérita fuera purgada de 'golpistas'. Lo pidió Enrique Santiago, uno de los más destacados defensores de las dictaduras comunistas de Hispanoamérica. Lo hizo tras haber sido él mismo el que afirmó en 2019 que si hubiera un "proceso revolucionario" en España "indudablemente" iría a Zarzuela a por el Rey. Y lo hizo desde un partido que se ha prestado a ser la avanzadilla de negociación con los golpistas del 1-O para amnistiarlos.