El PP acaba de presentar una reforma legal en el Congreso de los Diputados para que se retome la investigación de todos los crímenes de ETA sin juzgar. Los ‘populares’ quieren que se acabe con la impunidad que rodea al entorno de la banda asesina y que se realicen informes jurídicos de la organización terrorista en la que estuvo inmerso el actual líder de Bildu -Arnaldo Otegi-, socio estrella de Pedro Sánchez. Y, puesto que el PP lo presenta como proposición de ley, el PSOE y Bildu tendrán que votar si respaldan relanzar las investigaciones o, por el contrario, reclaman dar carpetazo a la acción judicial contra los etarras.
El texto registrado por el PP señala que "los actos terroristas, conforme a la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, constituyen una de las violaciones más graves de los valores universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad". También representan, prosigue el texto, "uno de los ataques más importantes contra la democracia y el Estado de Derecho, principios que son comunes a los Estados miembros y en los que se fundamenta la Unión Europea".
La proposición de ley explica que, "el pasado 21 de abril de 2022 el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo aprobó con 27 votos favorables del Partido Popular Europeo (PPE), Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas (S&D), Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), Renew Europe Group (Renew), Partido Identidad y Democracia (ID) y Mario Furore (no inscrito), frente a tres abstenciones y tres votos en contra, un informe sobre la existencia de 379 asesinatos de ETA aún sin resolver".
Además, añade el texto, "el largo lapso de tiempo transcurrido sin que se resuelvan los crímenes ha sido ya considerado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como "una forma de tortura o sufrimiento inhumano de las víctimas (artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos)". La mayoría de los casos sin resolver de las 379 familias afectadas conforme al informe emitido, superan, por otra parte, "el límite de los cinco años establecidos por el TEDH como deber de actuación ante las agresiones más graves a los derechos humanos, para alcanzar una verdadera y eficaz tutela de estos. Y, por otro lado, el derecho a obtener justicia, evitar la impunidad y conocer la verdad de lo ocurrido está reconocido por el Derecho penal internacional".
Desde el PP señalan que "el actual régimen jurídico de la Unión exige de los Estados miembros hacer todo lo posible para garantizar la integridad física y psicológica de sus ciudadanos amenazados por los terroristas; evitar la impunidad de los autores de los atentados; actuar para que la lucha contra el terrorismo sitúe a las víctimas en un lugar central; garantizar que las instituciones y la sociedad en su conjunto protejan, reconozcan, ayuden y compensen a las víctimas del terrorismo".
Por todo ello, el PP reclama "impulsar, desde todas las instituciones competentes, que se evite el enaltecimiento público de los terroristas condenados cuando salen de las cárceles, por el dolor y la victimización secundaria que conlleva para las víctimas del terrorismo. Prevenir la humillación de las víctimas a través de tales actos mediante el refuerzo de los instrumentos jurídicos, para dotarlos de eficacia en la prevención de la impunidad y la revictimización". Igualmente, "pedir la continuación de un procedimiento de investigación actualizado, detallado y exhaustivo para los casos no resueltos, desde la Fiscalía y con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sin entrar a valorar con carácter previo la posible prescripción legal de la causa, con el fin de responder a las familias que siguen esperando justicia. Esta consideración debería hacerse al final de la investigación, de cuyo resultado debería informarse a las víctimas que así lo soliciten". Además, "crear una comisión de juristas encargada de elaborar un informe detallado sobre cada uno de los expedientes de las víctimas de ETA cuyos casos aún no se han resuelto".
Los ‘populares’ pretenden regular, por último, que los expedientes deban "solicitarse a la Audiencia Nacional una vez elaborada una lista actualizada con los nombres de todas las víctimas asesinadas por ETA que no hayan recibido justicia. La Audiencia Nacional, a través de su Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo, debe comunicar la situación procesal a todas las víctimas del terrorismo o a los familiares con casos no resueltos. De este modo, será posible acercarse más a la verdad judicial sobre cómo se ha llevado a cabo la gestión judicial y policial de los asesinatos de ETA no resueltos y contribuir a aclarar por qué hay tanta impunidad en relación con los delitos de ETA".