Madrid hace tiempo que lleva denunciando la baja presencia de Policía Nacional adscrita. Para colmo, el ministro del Interior se ha negado en reiteradas ocasiones a autorizar la solicitud de 1.500 agentes más de Policía Municipal de la capital —que los pagaría el Ayuntamiento pero deben ser autorizados por el Ministerio del Interior—. Pero ahora, uno de los sindicatos policiales —CEP— ha puesto encima de la mesa que no se trata de la única comunidad autónoma del PP castigada por el Gobierno socialista con una presencia policial adscrita muy reducida: Andalucía y Galicia en mínimos históricos.
"Las Unidades Adscritas de Policía Nacional a las Comunidades Autónomas viven su peor época, con un mínimo histórico de efectivos en Andalucía y Galicia, principales víctimas de una estrategia, la del Ministerio del Interior, que impide convocar la provisión de puestos de trabajo mediante los procedimientos previstos en la norma bajo la excusa de que antes de acometer ese reforzamiento es necesario firmar convenios que llevan años paralizados".
Mínimos históricos
Los datos son rotundos: de las 1.875 vacantes que existen en Policía Nacional para las Unidades Adscritas a la Junta de Andalucía, la Xunta de Galicia, la Comunidad Valenciana y Aragón sólo están cubiertas, con cifras actualizadas a julio de este año, poco más del 68%. Es más, desde el 1 de enero de 2019 y hasta la fecha, el porcentaje de agentes destinados en esas unidades se ha desplomado 8,6 puntos, pasando de los más de 1.500 efectivos a los actuales 1.278.
"Estos mínimos históricos afectan al ejercicio de las competencias que esas Comunidades Autónomas, al amparo de lo previsto en el artículo 47 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sobre adscripción de unidades de Policía Nacional a aquéllas, ejercen en cuanto a protección de edificios y autoridades, aplicación de normativa autonómica, inspección en el ámbito sancionador administrativo o incluso, en colaboración con otros Cuerpos, en lo relativo a la vigilancia de espacios públicos, participación en funciones de Policía Judicial, protección de colectivos vulnerables víctimas de delitos o auxilio al ciudadano", explican desde el sindicato policial CEP.
Situación crónica
La pérdida de efectivos, que se ha convertido en algo crónico, tiene su origen en la negativa del Ministerio del Interior a convocar las vacantes en las Unidades Adscritas más afectadas por el descenso en el número de policías destinados a ellas. Pese a que desde la Junta de Andalucía y la Junta de Galicia se viene reclamando al Gobierno central medidas urgentes para frenar esta sangría de policías, Interior se parapeta en que es necesario firmar antes un convenio que debe ser negociado "y cuya concreción nunca llega, más allá de su mera invocación cuando los consejeros de Interior se quejan de esta situación", añade CEP.
Así, en el caso de la Junta de Andalucía su Unidad Adscrita de Policía Nacional, que tiene 725 efectivos potenciales, se encuentra en mínimos históricos. En estos momentos cuenta con 383 agentes y llegó a tener casi 600 en 2013. Interior y esa comunidad autónoma firmaron diversos convenios para dar cobertura jurídica a la unidad, creada formalmente mediante Orden Ministerial de 31 de agosto de 1993, hasta que el último de ellos caducó, en diciembre de 2010.
En cuanto a la Unidad Adscrita a la Xunta de Galicia, cuenta ahora con 351 agentes, cuando su "potencial de recursos humanos es de 500 efectivos, lo que da también una idea muy certera sobre su precariedad", señalan desde CEP. De hecho, "en 2013 llegó a tener más de 460 agentes. Se da la circunstancia de que, como en el caso de Andalucía, el primer convenio firmado entre Interior y esa Comunidad Autónoma, de octubre de 1990, fue sucesivamente renovado hasta que su última versión, de 2005, caducó en 2008.
Ambas Unidades Adscritas de Policía Nacional se encuentran en el peor de sus momentos, en cuanto a recursos humanos, y pese a las reiteradas señales de alerta emitidas desde los ejecutivos autonómicos de Andalucía y Galicia, el Ministerio del Interior sigue sin concretar cuándo se iniciarán los trabajos para la firma de unos convenios que permitan convocar esas vacantes y poner fin a esa situación, que afecta a la seguridad de los policías -con menos efectivos, se reducen las capacidades operativas- y al servicio que merecen los ciudadanos andaluces y gallegos.