Junts ha exigido a Sánchez la última vuelta de tuerca de la Ley de amnistía. La última por ahora. Una que incluye una legitimización de los delitos de terrorismo por completo y de alta traición. Lo ha pedido el separatismo catalán, pero lo mira con deseo el vasco porque las causas contra los delincuentes incluidos en listas y cargos de todos ellos se verían truncadas de golpe. Es más, las prácticas que han usado para impulsar el separatismo se verían legitimadas de golpe. Pero todo ello choca con el derecho de la UE. Y la nueva exigencia sobre terrorismo y alta traición lo hace frontalmente.
Terrorismo y alta traición
El delito de terrorismo está armonizado en el espacio comunitario. Un perdón total o parcial supondría la invasión, no sólo del Código Penal español, sino también del derecho de la UE. Y Sánchez carece de poder para realizar esa invasión de los cauces legislativos europeos.
En el caso del delito de alta traición, la cosa no varía mucho y es igualmente contrario al derecho de la UE y a la propia estrategia de defensa militar y democrática de Europa.
Hace poco más de medio año un informe del Parlamento Europeo se centró en este asunto y lo hizo para dejar clara la injerencia rusa. Y citó expresamente el caso del separatismo catalán, el mismo que impulsa Puigdemont y el mismo que ya se investiga judicialmente en España por sus conexiones con Junts.
El documento europeo es "el informe sobre las injerencias extranjeras en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, en particular la desinformación". Vio la luz en mayo de 2023 y señaló la necesidad de una defensa de los 27 estados miembros frente a esas injerencias.
Artículo 592 del Código Penal
El Código Penal español, hasta la Ley de amnistía, tiene perfectamente plasmada esta exigencia en su artículo 592, donde señala que "serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras".
Pero ese artículo es uno de los que Junts ha pedido que no se apliquen y se amnistíen.
La segunda parte de ese artículo amplía el concepto y señala que "quien realizara los actos referidos en el apartado anterior con la intención de provocar una guerra o rebelión será castigado con arreglo a los artículos 581, 473 ó 475 de este Código".
Pues bien, el documento de la UE señaló que se "reitera la preocupación por las constantes revelaciones de financiación masiva rusa de políticos, partidos políticos y antiguos políticos y funcionarios en una serie de países democráticos, con el propósito de interferir y conseguir influencia en sus procesos internos; expresa su preocupación por las conexiones de Rusia con varios partidos políticos y políticos de la Unión y su amplia injerencia en movimientos secesionistas en los territorios europeos y en la Unión, como en Cataluña, donde se insta a las autoridades pertinentes a que lleven a cabo una investigación exhaustiva, y pide al Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas, situado en Helsinki, que lleve a cabo un estudio de este caso concreto".
Todo un mazazo a las pretensiones de Puigdemont y que la nueva exigencia en materia de amnistía anularía de golpe en una nueva vulneración del derecho europeo.
El informe de la UE fue a más: "Pide que se prohíba la financiación extranjera procedente de países no pertenecientes a la Unión; pide a la red que determine normas comunes de la Unión en materia de campañas políticas y financiación de partidos políticos, incluida la procedente de terceros países, en particular las normas para colmar las lagunas detectadas en las recomendaciones del informe ING1 aprobado el 9 de marzo de 2022, que se aplicarían a las leyes electorales nacionales de todos los Estados miembros, incluidos los mecanismos de cumplimiento; pide a los Estados miembros que aborden con carácter urgente la cuestión de las donaciones procedentes de terceros países a partidos políticos nacionales, con el fin de colmar las lagunas existentes en su legislación". También las investigaciones del caso Voloh han encontrado indicios de cauces de financiación rusa en Junts.