El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha acordado la libertad provisional para Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, y para Víctor Aldama, presidente del Zamora, con la obligación de presentarse en el juzgado cada 15 días, la prohibición de salida del territorio nacional y la retirada del pasaporte. Todo ello, después de que la Fiscalía Anticorrupción no haya pedido prisión provisional en el marco de la investigación sobre las presuntas mordidas que cobró la mano derecha de Ábalos en la compra de mascarillas durante la pandemia.
Los también investigados Iñigo Rotaeche y Joseba García quedan a su vez en libertad. El primero con la prohibición de salida del territorio y la retirada de pasaporte y el segundo sin medidas cautelares. Ninguno de los detenidos ha querido declarar ante el juez.
Los agentes pusieron a disposición del magistrado a cuatro de los 14 detenidos por las supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19 cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas (CCAA) como Baleares y Canarias.
Cabe recordar que este miércoles agentes de la Guardia Civil tomaron declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad y 'número dos' de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior, Rafael Pérez, en relación con la investigación sobre las presuntas mordidas. La toma de declaración también afectó a su mano derecha, José Antonio Rodríguez, el director del Gabinete de Coordinación y Estudios, por el contrato de 3,4 millones de euros adjudicado a la empresa clave en el presunto fraude en la compra de mascarillas.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), bajo la dirección del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, arrestaba este martes al exasesor de Ábalos, Koldo García. La operación iniciada por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, se desarrollaba en distintas provincias de la geografía española. En este contexto se efectuaban alrededor de 26 registros domiciliarios o requerimientos y hasta 20 detenciones. Los investigadores analizan varios contratos adjudicados por diferentes administraciones socialistas durante la pandemia del covid-19 que superan los 40 millones de euros.
Las cantidades investigadas superan los 50 millones
La investigación judicial por la que ha sido detenido Koldo García Izaguirre, que fue asesor del exministro socialista José Luis Ábalos, investiga presuntas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19 cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas (CCAA) como Baleares y Canarias. El montante de los contratos de estas administrativas públicas supera los 50 millones de euros, según la estimación de los investigadores.
En el caso del Ministerio del Interior fue Rafael Pérez quien firmó la adjudicación de material de protección para el personal de Interior a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa por un valor de 3.479.355 euros. Estos contratos habían sido requeridos previamente por los investigadores, según explica el citado medio, y se tramitó por el procedimiento negociado sin publicidad y con carácter de emergencia.
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