El PSOE de Madrid que lidera Juan Lobato ha presentado en el Juzgado de Instrucción nº 19 de la capital un escrito de personación como acusación popular en la investigación abierta contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, y otras cuatro personas por un presunto fraude fiscal y un delito de falsedad en documento mercantil.
Los socialistas exponen en su escrito de personación ante la juez que al poder derivar el caso en posibles responsabilidades penales, en particular, en relación a delitos contra la hacienda pública y de falsedad documental, se estaría ante una causa de interés general de los ciudadanos. Por ello, el PSOE solicita su personación en representación de sus afiliados y el interés general de la ciudadanía que preside la actuación de esta organización.
Expertos jurídicos consultados por Libertad Digital denuncian que "el Partido Socialista madrileño se persona como acusación popular para poder tener acceso al sumario de la causa y filtrar información a medios de comunicación afines con el objetivo de hacer daño político a Isabel Díaz Ayuso. Su interés no es la indemnidad del Fisco, que les obligaría a ejercer acción popular en todos los delitos fiscales, sino defenderse de sus casos de corrupción desviando la atención sobre Ayuso".
"En el procedimiento hay una sobrepoblación de acusaciones, ya que actualmente están personadas la Fiscalía y la Abogacía del Estado en nombre de la Agencia Tributaria al tratarse de un presunto delito contra la Hacienda pública. No hace falta la personación de PSOE para defender el interés de los ciudadanos", añaden.
Al respecto, cabe destacar que el artículo 124 de la Constitución Española establece que "el Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tienen como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados". Además, la Abogacía del Estado debe personarse en todos los procedimientos en los que exista un presunto menoscabo para la Hacienda Pública. Es decir, los intereses de los ciudadanos ya están defendidos por la Fiscalía y la Abogacía del Estado.
Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "a pesar de las verdaderas intenciones de los socialistas, estos pueden solicitar su personación como acusación popular porque la Ley lo permite y previsiblemente, la juez del caso la acepte".
Primeras diligencias de investigación
La titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, ha citado para el 20 de mayo en calidad de investigado a Alberto González Amador para declarar por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil, después de que haya incoado diligencias contra él y otras cuatro personas en relación a la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal.
La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponderían supuestamente con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria, referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades". A raíz de este informe, la Fiscalía acordó el pasado 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que ha derivado en la presentación de la citada denuncia en los Juzgados de Instrucción de Madrid.
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