El juez Aguirre, que investiga el caso de las conexiones entre Putin y Puigdemont, acaba de poner en una situación delicada al PSOE-PSC: los votos de los socialistas fueron decisivos para apuntalar el mando de Junts en la Diputación de Barcelona. El auto señala a esta entidad como una de las que habría subvencionado de forma ilegal a los impulsores del 1-O.
El auto no oculta el papel de la Diputación de Barcelona al señalar los hechos que dan lugar a la apertura de una pieza judicial separada:
"1º La concesión irregular de subvenciones y sus correspondientes pagos efectuados por la Diputación de Barcelona, el Departament de Presidencia de la Generalitat de Catalunya, la Agencia de Catalana de Cooperación y Derrarrollo-ACCD de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona a la Fundación CATMON y la Asociación IGMAN, ambas gestionadas por Victor Terradellas Maré y Francesc de Dalmases Thió".
Es más, el auto, más adelante, reincide en esta cuestión y destaca lo siguiente:
"QUINTO.- Los hechos presuntamente ilícitos objeto de la presente causa pueden resumirse
brevemente en los siguientes apartados: 1º La concesión irregular de subvenciones y sus correspondientes pagos efectuados por la Diputación de Barcelona […]".
Hay que recordar que el PSC-PSOE no fue un partido ajeno a la estructura de poder de la citada diputación. En julio de 2019, PSC y Junts per Catalunya confirmaron su pacto en la Diputación de Barcelona para que Núria Marín fuera la presidenta socialista de la institución. Pero es que ya en 2015, el PSC sumó sus votos a los de CiU y ERC para investir a Mercè Conesa como presidenta de la Diputación de Barcelona. De hecho, fue llamativo que, en aquel 2015, los votos de los socialistas no eran necesarios; la alcaldesa de Sant Cugat y portavoz de Convergència contaba ya con el respaldo necesario para ser aupada al cargo con el apoyo de los diputados de ERC. Pese a lo cual, los socialistas quisieron dejar constancia de su apoyo.
Vínculos entre el PSOE-PSC y el independentismo
El apoyo, en aquella época, a Junts o CDC no fue un hecho aislado: hubo muestras similares diseminadas por todo Cataluña.
Tras las elecciones de 2019, el PSC cosechó, a lo largo de las cuatro provincias de Cataluña, casi cincuenta pactos a nivel local con partidos independentistas. Entre ellos destacaron, especialmente, los firmados con Junts -CDC-. En concreto, fueron cuarenta y ocho pactos entre socialistas y separatistas, entre los que se incluía el acuerdo de gobierno en la Diputación de Barcelona, institución que presidió, entonces, el PSC de Miquel Iceta gracias al apoyo de JpC, controlado por Carles Puigdemont. Este ente supramunicipal gestionaba, por aquellas fechas, un presupuesto anual de 955 millones de euros. La Diputación de Barcelona tiene alrededor de 4.000 empleados y disponibilidad de inversiones en infinidad de pueblos y ciudades, lo que supone una gran carta de presentación propagandística para los partidos que las controlan y una mina de inyección de subvenciones.
Los ejemplos de los pactos con Junts fueron generalizados: por ejemplo, en las localidades de Calella (Barcelona, alcalde de JpC), Premiá de Mar (Barcelona, alcalde de JpC), Premiá de Dalt (Barcelona, alcalde de JpC), Tordera (Barcelona, alcalde de JpC), Vilafranca del Penedés (Barcelona, alcalde de JpC), Lloret de Mar (Gerona, alcalde de JpC), Vilaseca (Tarragona, alcalde de JpC), Cunit (Tarragona, alcalde del PSC y pacto con JpC) o Cervera (Lérida, alcalde de JpC). El pacto de los socialistas con el Junts del 1-O fue habitual.