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Rovira ultima sobre el terreno el acuerdo para investir a Illa a cambio del concierto económico

La secretaria general de ERC dice que la financiación "singular" puede ser un "espacio de soberanía" que facilite la celebración de otro referéndum.

La secretaria general de ERC dice que la financiación "singular" puede ser un "espacio de soberanía" que facilite la celebración de otro referéndum.
La secretaria general de ERC, Marta Rovira, en el Consejo Nacional del partido tras su regreso a Cataluña procedente de Suiza. | EFE

La secretaria general de Esquerra Republicana (ERC), Marta Rovira, pretende conciliar el pacto con los socialistas para hacer presidente de la Generalidad a Salvador Illa con la agenda golpista del separatismo. Nada más llegar a España ha participado en un "consell nacional" del partido en el que ha dado cuenta de la estrategia a seguir. Rovira considera que el acuerdo para una financiación "singular", una copia del concierto económico vasco adaptado a Cataluña "puede ser un espacio de soberanía" que permita preparar mejor el próximo referéndum de autodeterminación. Rovira sostiene además que su partido debe liderar "la articulación de este espacio a favor de un referéndum" y la reconstrucción de la estrategia independentista.

Son las mismas intenciones que tiene Carles Puigdemont, cuya candidatura ya ha sido descartada por los republicanos porque lo primero que necesitaría el expresidente de la Generalidad prófugo sería la abstención de los socialistas en la cámara catalana, algo que ni el PSOE ni el PSC se plantean en estos momentos. Así las cosas, Rovira considera que tiene las manos libres para pactar en nombre del independentismo una financiación y unas cesiones a la Generalidad (control del aeropuerto, erradicación del español en la enseñanza, inmigración y fronteras) que gestionará el PSC con el control externo de ERC.

La intención de Rovira es restaurar la confianza del independentismo en ERC, partido que ha caído en picado en las tres últimas elecciones celebradas en Cataluña (municipales, generales y autonómicas) en buen parte por su colaboración el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien arrancó los indultos, la reforma del Código Penal para eliminar la sedición y modificar la malversación y la condonación de gran parte de la deuda autonómica catalana.

Además, Rovira ejerce ahora como líder de un partido descabezado, con Oriol Junqueras haciendo campaña para recuperar la presidencia de la formación y con una guerra sucia interna entre cuyos episodios destaca el ajuste de cuentas por la campaña de falsa bandera contra los hermanos Maragall en la que se utilizó el alzhéimer que sufre Pasqual, quien fuera alcalde de Barcelona y presidente de la Generalidad durante el primer tripartito. En los últimos días ha trascendido además que Rovira creó una estructura de mando al margen de la dirección del partido que ha operado desde 2018 y de la que estaba excluido Junqueras con la excusa de su desidia y sus titubeos.

Rovira se ha mostrado favorable al acuerdo para investir a Illa y tanto en ERC como en el PSC se afirma que las negociaciones están muy avanzadas y que es probable que no se tenga que agotar el plazo de dos meses, que vence el próximo 26 de agosto. Pero antes el acuerdo deberá ser ratificado por la militancia de la formación republicana, tal es el compromiso de Rovira.

La derivada de Puigdemont

Si hay investidura de Illa, una de las derivadas es que Puigdemont prometió cuando se presentó a las elecciones que estaría presente en la sesión de investidura en el parlamento catalán, fuera la suya o la de otro candidato. Contaba entonces con que la aprobación de la ley de amnistía pactada con Pedro Sánchez le permitiría regresar sin rendir cuentas ante la justicia, pero las decisión del Tribunal Supremo de no considerar amnistiable la malversación ha alterado todos los planes de retorno del prófugo. Ese contexto facilita que ERC negocie con los socialistas y trate de colgarse la medalla de una financiación a la vasca del mismo modo que Junts per Catalunya (JxCat) se atribuye todo el mérito de una amnistía que según cálculos separatistas ha beneficiado de momento a más policías que políticos y activistas golpistas

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