El juicio de los Pujol ya tiene fecha. Doce años después de que estallara el caso que afecta a la familia al completo, la Audiencia Nacional ha fijado el inicio del juicio para el 10 de noviembre de 2025. Las sesiones se prolongarán hasta el 23 de abril, día de San Jorge, del año siguiente. La fiscalía pide nueve años de cárcel para que el que fuera presidente de la Generalidad durante 23 años, entre 1980 y 2003, por asociación ilícita y blanqueo de capitales, puesto que da por probado, entre otros extremos, que cobró comisiones a cambio de adjudicaciones de la administración que presidió durante más de dos décadas.
Mayor es la petición de pena contra el primogénito de los Pujol, Jordi Pujol Ferrusola. En total, 29 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, blanqueo, falsedad documental y contra la Hacienda pública. Además, el Ministerio Público pide 14 años para Josep Pujol, el segundo en edad de los hermanos, y 5 años para Marta, Pere, Oriol, Mireia y Oleguer Pujol Ferrusola. La madre, Marta Ferrusola, quien tenía un papel capital en la trama sufrió durante sus últimos años de vida de alzhéimer y falleció el pasado 8 de julio.
El caso estalló en 2012 a cuenta del trasiego de dinero que Jordi Pujol Ferrusola llevaba a cabo entre Barcelona y Andorra. Su exnovia, Victoria Álvarez, confirmó las sospechas de los investigadores de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, la UDEF de la que Jordi Pujol padre, en un primera arrebato en una televisión, dijo "¡qué coño es la UDEF!". Poco tiempo después, el 25 de julio de 2014, festividad de Santiago, Pujol hizo pública una carta en la que confesaba haber ocultado al fisco una fortuna en Andorra que atribuyó a una "deixa" (donativo) de su padre por si tenía que huir de España por razones políticas.
La confesión, cortina de humo
Con ese gesto Pujol trató de extender una cortina de humo sobre los negocios que había llevado a cabo la familia con la cobertura de la presidencia de la Generalidad. La familia, que operaba como un grupo criminal, hacía servir sus influencias para acometer todo tipo de negocios y también para cobrar importantes partidas procedentes de empresarios y empresas que optaban a adjudicaciones de todo tipo por parte de la Generalidad.
El sistema funcionó durante los 23 años que gobernó Pujol y fue denunciado también por Pasqual Maragall al poco de tomar posesión de la presidencia de la Generalidad. "Ustedes tienen un problema y ese problema es el 3%", le dijo Maragall a Artur Mas, entonces jefe de la oposición, en el parlamento catalán. Pero Maragall se quedó corto. Las comisiones eran muy superiores al 3% y formaban parte de un sistema de corrupción en el que se entreveraban los negocios de la familia Pujol, la financiación de Convergència y el enriquecimiento de los elementos más fieles del régimen nacionalista que instauró Pujol en Cataluña.
Tras un periodo de ostracismo y reproche por parte del nacionalismo, la figura de Pujol comenzó a recobrar peso y protagonismo después del golpe de Estado, cuando dejó de ser una especie de apestado social para empezar a recibir homenajes públicos.
El caso comenzó a instruirse en 2012 y esa fase terminó en mayo de 202. El tribunal estará presidido por la magistrada María Riera e integrado por la ponente María Fernanda García y Carolina Rius.