El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que anule por "manifiesta y notoria desproporción" la entrada y registro que se produjo en su despacho de la Fiscalía General del Estado en el marco de la causa abierta contra él por una presunta revelación de secretos, tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
La Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz, recurre ante la sala esa decisión del instructor Ángel Luis Hurtado. Para los servicios jurídicos del Estado estas diligencias de entrada y registro, clonado, volcado e incautación de dispositivos de almacenamiento masivo "constituye seguramente el mayor perjuicio (el tiempo dirá si irreparable) que se ha causado a la Fiscalía General del Estado y a la fiscal jefe provincial de Madrid".
El pasado 30 de octubre, el instructor de la causa autorizó "la intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente, de cualquier tipo de material o soporte informático y telemático (incluida telefonía móvil) que haya podido ser empleado o que pudiera servir como indicios o pruebas". Se autorizó además la aprehensión de los teléfonos móviles de García Ortiz, "así como otros dispositivos informáticos/telemáticos que pudiera portar (tableta, portátil y otros)".
También dio luz verde al volcado de las cuentas de correo electrónico, perfiles en redes sociales u otros repositorios de información en Internet administrados por García Ortiz, además de "la información contenida en servidores".
Fijó, no obstante dos límites: uno sustantivo, que la información pueda tener relación con el delito de revelación de secretos investigado; y otro temporal, desde el 8 de marzo hasta el 30 de octubre. Este espacio temporal fue acotado de nuevo con posterioridad por el instructor, especificando que era del 8 al 14 de marzo.
Durante el registro, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo el clonado completo de dos teléfonos móviles, una tableta y varios ordenadores.
Este movimiento de la Abogacía del Estado se suma al de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, que señaló en su recurso de apelación ante el TS del pasado 5 de noviembre contra los autos que autorizaban los registros efectuados en los despachos del fiscal general y la fiscal jefe provincial de Madrid que los mismos eran nulos porque no contenían "un relato de los hechos que se consideran delictivos".
Cabe recordar que González Amador llevó el caso a los tribunales por una nota difundida el pasado 14 de marzo por la Fiscalía donde se daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal del caso que se sigue en su contra por delitos fiscales para negociar un acuerdo. El Supremo, sin embargo, no apreció delito en la nota de prensa, sino que puso el foco en las filtraciones anteriores sobre esos 'emails' a los medios de comunicación.
García Ortiz manipuló un móvil durante el registro
Mientras tanto, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha pedido al Tribunal Supremo que cite como testigo a un fiscal que asegura haber visto al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, "revisando" un móvil con su 'número dos' durante el registro que la Guardia Civil realizó en su despacho el pasado 30 de octubre.
La APIF sostiene que tiene "constancia" de que ese día "la teniente fiscal del Tribunal Supremo (Ángeles Sánchez Conde) y Álvaro García Ortiz, mientras la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevaba a cabo sus pesquisas, fueron vistos alrededor de las 19:00 horas en el salón noble de la Fiscalía General del Estado --concretamente, en el espacio situado junto una obra del navegante Juan de la Cosa-- revisando un móvil aparentemente perteneciente al meritado investigado". El testigo en cuestión sería el fiscal del Supremo Salvador Viada --exportavoz de la APIF--, según consta en el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, presentado ayer miércoles ante el alto tribunal.
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