Junts prepara una nueva ronda de chantaje. Y, al margen de exigencias políticas como la cuestión de confianza, quiere colgarse la medalla de haberse quedado viviendas del Estado para dedicarlas a fines sociales. En concreto, de la Sareb.
La exigencia concreta del partido de Carles Puigdemont pasa por "poner a disposición de los municipios, consejos comarcales y de la Generalidad de Catalunya, de forma inmediata, la totalidad de los suelos residenciales, solares y viviendas de titularidad de la SAREB en Cataluña, así como asignar la financiación suficiente para su rehabilitación —si es el caso—".
Traducido: un cheque en blanco en materia de vivienda de modo que puedan poner vivienda social en circulación sin gastarse ni un euro.
"Uno de los pilares del estado del bienestar es el derecho a tener una vivienda digna, realidad que se ha visto muy afectada por diversos factores —globales y locales—. Hoy el precio de las viviendas, de alquiler y de compra, ha alcanzado unos valores realmente inaccesibles por gran parte de la población de Cataluña", señala Junts en una estrategia social claramente diseñada para competir con ERC.
"El derecho a la vivienda está recogido en numerosos textos legales, como en el artículo 26 de derechos en el ámbito de la vivienda, del Estatuto de Autonomía de Cataluña vigente, así como en otras disposiciones que inspiran, guían y forman parte del ordenamiento vigente, en tanto que disposiciones ratificadas por el Estado español, como puede ser el derecho a la vivienda adecuada reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 ó el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996", añade Junts.
La cesión a las comunidades autónomas del patrimonio inmobiliario de la SAREB
Lo que no dice es que ninguno de esos textos recogen como derecho una vivienda gratis, sino que se den las circunstancias para poder tener vivienda, algo que se consigue creando empleo.
"Este derecho, a acceder a una vivienda digna, para muchos ciudadanos de Cataluña, es, como mínimo, una aspiración lejana e inalcanzable", señala el partido de Puigdemont. "Se estima que la SAREB —la sociedad creada en 2012 para dar salida a los activos tóxicos de la banca y participada al 50,1% por el Estado— dispone de más de 13.000 viviendas, más de 1.700 obras en curso y casi 3.000 solares en Cataluña como fruto del rescate de varias entidades bancarias con recursos públicos, la cifra de las cuales nunca fue inferior a los 60.000 millones de euros", añade el partido separatista.
"Este mes de julio, la SAREB anunció la cesión de 12 de estos casi 3.000 solares a Cataluña para construir 668 pisos de alquiler asequible. Se calcula, que si la SAREB cede 12 viviendas cada año, Cataluña necesitaría unos 240 años para obtener la totalidad de los solares. Son demasiados. Apliquemos el sentido común: la población de Cataluña no puede esperar más", aseguran desde el mismo partido que ha estado en el Gobierno hasta hace nada.
"Desde la Generalidad de Cataluña se ha planteado, por carta y en conferencias bilaterales con el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, la necesidad y urgencia de estudiar mecanismos que conduzcan a la cesión a las comunidades autónomas de la totalidad del patrimonio inmobiliario de la SAREB que, por sus características, pueda tener una utilidad colectiva inmediata. De hecho, el 10 de octubre de 2024, en el marco del Debate de Política General, el Parlamento de Cataluña, aprobó una propuesta de resolución presentada por Junts que reclamaba al Estado que pusiera a disposición de los municipios y de la Generalidad de Cataluña de forma inmediata la totalidad de los suelos residenciales, solares y viviendas de titularidad de la SAREB con la financiación suficiente para proceder a la rehabilitación de las viviendas", explica Junts. "Sin embargo, y a pesar de la insistencia y la ingente cantidad de iniciativas legislativas impulsadas desde diferentes órganos parlamentarios, la cuestión planteada no ha tenido la respuesta que esperábamos por parte del Ministerio competente en materia de políticas de vivienda", concluye.