Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han solicitado al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, investigar 480 cuentas y depósitos bancarios para cuantificar las comisiones ilegales cobradas por los miembros de la trama Koldo a cambio de adjudicaciones de obra pública.
En el informe de 490 páginas de la UCO, al que ha tenido acceso Libertad Digital, los investigadores piden al instructor que emita un mandato judicial a 35 bancos nacionales e internacionales para que sea remitida directamente al Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción de la UCO la siguiente información relacionada con 480 cuentas y depósitos bancarios del exministro de Transportes José Luis Ábalos, su asesor Koldo García, el secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y otros empresarios salpicados en esta trama corrupta.
La UCO reclama la "Información obrante en sus archivos sobre los productos financieros relacionados obtenida en el momento de la contratación de cada producto por el cliente, que identifique a los titulares y personas autorizadas (nombre y apellidos, documentos de identificación, teléfonos de contacto, e-mail, domicilios fiscales, sociales o físicos, dirección de correspondencia, tarjetas de débito o crédito expedidas con identificación de sus titulares), así como el estado en el que se encuentren dichos productos. Esta documentación e información debe ser facilitada por los Servicios Centrales, no debiendo comunicarse a las oficinas o sucursales donde esté abierta la cuenta bancaria ni con el titular objeto del mandamiento o persona alguna ajena a la entidad, al objeto de preservar las actuaciones".
También solicitan la "identificación de otros productos bancarios y financieros, así como cajas de seguridad que tengan contratados las personas físicas o jurídicas que figuren como titulares o autorizados de cada uno de los productos señalados en cada caso; todas las informaciones sospechosas de blanqueo de capitales que hayan participado al SEPBLAC sobre las indicadas cuentas bancarias, sus titulares o personas autorizadas, así como los expedientes, informes o análisis internos que sustenten dichas comunicaciones; o los movimientos realizados en dichas cuentas – saldo, ingresos y pagos – desde el 01/01/2014 o su contratación, en caso de ser esta posterior a aquella fecha, hasta el día de recepción del mandamiento judicial, identificando las cuentas de origen y destino, así como las personas físicas y jurídicas intervinientes, en virtud de la legislación existente sobre prevención del blanqueo de capitales (Real Decreto 54/05). Los datos solicitados serán aportados en formato NORMA 43 (norma que estableció el Consejo Superior Bancario para el tratamiento informático de datos bancarios)".
Por ultimo, los agentes de la UCO piden que "en el caso de cobro de cheques, aportar la cuenta bancaria vinculada, el importe, la fecha de ingreso y beneficiario del mismo; que directamente sea facilitada por la entidad bancaria la información sobre las transferencias SWIFT, OMF y nacionales, emitidas o recibidas, cambio de divisas, reintegros e ingresos en efectivo, todo ello por importe superior a 300 euros, remitiendo dicha información en formato EXCEL; y que se facilite la información requerida por la Unidad policial designada en relación a: (1) nuevos tramos de movimientos bancarios según avance la investigación y (2) ampliaciones o aclaraciones de información relativos a productos bancarios.
Las empresas que pagaban las comisiones
La UCO ha localizado indicios de que Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García cobraron comisiones ilegales y regalos por amañar adjudicaciones públicas para las constructoras Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina, Ingeniería y Construcciones SL (LIC). Dichos pagos habrían comenzado presuntamente antes de que el PSOE llegara al Gobierno en junio de 2018 y continuaron tras la salida de Ábalos del Ministerio de Transportes en julio de 2021.
Las grabaciones halladas en un dispositivo de Koldo revelan varias mordidas. Acciona habría comprometido pagar a Ábalos y a Koldo un total de 1.070.000 euros, de los que habrían cobrado efectivamente, al menos, 620.000 euros y la cantidad restante estaría pendiente. Según la UCO, de los 1.070.000 euros, 550.000 euros procederían de la adjudicación a Acciona de dos contratos de ADIF en Murcia para la construcción de la Alta Velocidad que sumaron 280 millones de euros. Otros 70.000 euros habrían servido para pagar un local comercial a Koldo. Por último, 450.000 euros pendientes de ingreso corresponderían con otras tres adjudicaciones a Acciona: dos de carreteras en La Rioja y Sevilla y otro de Alta Velocidad en Barcelona.
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