El Gobierno presidido por Pedro Sánchez ya ha elegido a la sucesora del dimitido fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y lo hará oficial este mismo martes. La elegida es Teresa Peramato, la presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), de la que también forma parte García Ortiz.
García Ortiz presentó su dimisión este lunes después de conocer el fallo de la sentencia del Supremo, que lo inhabilitaba en el cargo por dos años, lo obligaba a pagar una multa de 12 meses con una cuota diaria de 20 euros y una indemnización de 10.000 euros a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso y víctima de la filtración de secretos que urdió el fiscal general del Estado.
Peramato lleva en la carrera fiscal desde 1989 y ha pasado por varios cargos importantes dentro del Ministerio Fiscal, desarrollando una extensa trayectoria en materia de Violencia sobre la Mujer. Está considerada una experta en estos asuntos. Actualmente ocupa el cargo de fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal.
El Ejecutivo de Sánchez propondrá a petición del ministro de Justicia, Félix Bolaños, a Peramato durante el Consejo de Ministros de este martes. Posteriormente, será el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el que tenga la capacidad de evaluar la idoneidad de la candidata presentando un informe atendiendo a su trayectoria en el Ministerio Fiscal. Este informe no es vinculante. De hecho, este organismo consideró no idóneo al fiscal general ahora dimitido por haber cometido un delito, si bien el Gobierno no escuchó esta advertencia.
Después de este proceso, la candidata tendrá que comparecer en la Comisión de Justicia del Congreso y responder a las preguntas de la oposición. Este hecho tampoco es vinculante, por lo que finalmente, después de este proceso y si el Gobierno prosigue su apoyo independientemente de las valoraciones que hagan CGPJ y Congreso, tomará posesión del cargo.