La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha realizado varios registros este jueves en empresas vinculadas a Servinabar en el marco de la operación Leire Díez. Una de ellas es Forestalia, la empresa que está vinculada a la secretaria de Estado socialista Susana Sumelzo, dirigente aragonesa del PSOE y una de las personas más cercanas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Se trata de una pieza secreta que se investiga en la Audiencia Nacional y por la que este jueves ha sido detenido Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán. Esta tercera detención se suma a la de Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández. La operación investiga el supuesto amaño de adjudicaciones públicas en la SEPI, en la que María Jesús Montero puso a Fernández al frente al ser nombrada ministra de Hacienda en 2018.
En este marco, la UCO, según ha podido saber Libertad Digital, ha registrado la sede de Zaragoza de Forestalia, que tiene vínculos empresariales con la empresa de la familia de Sumelzo. Esta última habría realizado un pago de más de 12.000 euros a Servinabar, empresa con la que Santos Cerdán y Antxon Alonso cobraban mordidas ilegales a cambio del amaño de contratos públicos. Estos pagos por parte de Sumelzo S.A., si se analiza cómo operaba la trama Koldo con otras empresas, podrían ser el pago para adquirir licitaciones públicas. La empresa de los familiares de Sumelzo ha recibido 29 millones de euros en contratos públicos de administraciones gobernadas por el PSOE.
Forestalia se define en su propia página web como "pionera en la nueva economía verde": "Sustituimos primas y subsidios por capacidad de trabajo, visión, constancia, confianza, espíritu innovador y valentía". Así, defiende valores como la "descarbonización de la economía y la lucha frente al cambio climático".
La UCO también registra la SEPI
En el marco de esta investigación, la UCO también ha registrado varias empresas dependientes de la SEPI, en concreto, la Empresa Nacional de Uranio (Enusa) y Mercasa. Algo que se ha producido después de la detención de la fontanera Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso.
Estas detenciones, al igual que los registros, han sido ordenadas por la Audiencia Nacional, en el marco de una causa que dirige el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña. No se conocía esta operación hasta que trascendió la detención de Díez, ya que la causa se encuentra bajo secreto de sumario. En ella, también participa la Fiscalía Anticorrupción.