El expresidente de la SEPI, Leire Díez y Antxon Alonso maniobraron para que Forestalia recibiese 17 millones en ayudas

El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández, la fontanera socialista Leire Díez y el socio de Santos Cerdán en Servinabar, Antxon Alonso, mediaron para que Arapellet S.L., empresa propiedad de Forestalia, recibiese una ayuda de más de 17 millones de euros. Los tres investigados integraban un grupo de Whatsapp llamado Hirurok (que significa en euskera los tres juntos) en el que trataban y negociaban las comisiones ilegales que obtendrían tras conseguir determinados contratos o ayudas públicas

Fernández, Díez y Alonso fueron detenidos la pasada semana en el marco de una investigación que lleva a cabo el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, bajo secreto de sumario. Los tres fueron puestos en libertad con medidas cautelares el pasado sábado, pero la investigación acredita al menos cinco operaciones en las que habrían intermediado a cambio de supuestas mordidas.

Según una diligencia de información del magistrado instructor, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, se investiga la concesión de una ayuda por valor de 17,32 millones de euros otorgada por SEPIDES, empresa dependiente de la organización pública que había presidido Vicente Fernández, a Arapellet S.L., empresa propiedad del grupo Forestalia. Por esta intermediación, los tres investigados habrían recibido 200.000 euros de comisión.

"La mayor parte de estos fondos fueron canalizados para efectuar inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca, presumiéndose actualmente como inversiones comunes y, por lo tanto, ligados a los tres investigados", asegura el escrito. Este también informa que otra parte de los fondos fueron trasladados directamente a los socios de la supuesta organización criminal: Vicente Fernández recibió "al menos" 49.350 euros a través de una serie de transferencias e ingresos en efectivo. Cabe recordar que Fernández también estuvo contratado por Servinabar entre 2021 y 2023 recibiendo de esta sociedad un total de 128.092,80 euros.

La sociedad recibía este dinero canalizando las mordidas a través de la empresa Mediaciones Martínez S.L. Esta capacidad de influencia se habría visto también reflejada en, al menos, otras cuatro intermediaciones del grupo Hirurok, que habría "adoptado medidas de seguridad para garantizar la más estricta discreción y confidencialidad de sus actuaciones".

Las otras cuatro concesiones

De la misma forma, Hirurok, según el escrito del juez Piña, habría intermediado en un rescate otorgado por la SEPI a la sociedad Tubos Reunidos S.A. por valor de 112,8 millones de euros. Por esta operación, Mediaciones Martínez habría recibido un total de 114.950 euros. Asimismo, la sociedad habría influido en la adjudicación de un contrato público de la sociedad Mercasa a Servinabar. Este se encontraba valorado en 18.119 euros. Servinabar era propiedad de Alonso y Santos Cerdán; y la empresa para la que trabajó Fernández.

Un cuarto contrato público se encuentra en el foco de la investigación judicial por la adjudicación por parte del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) en favor de una Unión Temporal Empresarial (UTE) de la compañía de excavaciones Erriberri y AFESA Medio Ambiente. Díez, Alonso y Fernández se habrían llevado 400.000 euros por influenciar en la concesión del contrato público, valorado en 2,8 millones de euros. Esta recompensa era entregada "a través de operativas que tenían la aparente finalidad de encubrir el origen de los fondos".

Por último, la investigación también advierte indicios de amaño en los pagos de la empresa Enusa –dependiente de la SEPI— en favor de un despacho de abogados sevillano, que habría engordado sus servicios con sobrecostes de hasta el 50%. Este aumento del presupuesto real habría ido a parar a Mediaciones Martínez, que habría facturado 17.545 euros por la operación.

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