La renuncia del exlíder de los socialistas extremeños Miguel Ángel Gallardo al acta de diputado autonómico despeja el camino par que el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, se celebre en la Audiencia Provincial de Badajoz el próximo mes de mayo.
A pesar de que Gallardo había anunciado que seguiría como diputado de la Asamblea de Extremadura, este ha presentado su renuncia al acta este miércoles y por tanto, a su aforamiento, según ha escrito en un mensaje de la red social X, con el objetivo de preservar su "dignidad y recuperar la serenidad" que le permita "seguir adelante con la conciencia tranquila". Esta renuncia se produce casi un mes después del desplome del PSOE en los comicios autonómicos, tras los que anunció su dimisión como secretario general del PSOE, si bien dijo que mantendría el acta de diputado.
Esta renuncia allana el camino del juicio a David Sánchez, que se encuentra investigado por haber cometido un posible delito de prevaricación y tráfico de influencias junto a Gallardo, que le habría puesto a dedo en un cargo de la Diputación de Badajoz cobrando sin trabajar. Al no renunciar al acta, se pensaba que, o bien la Fiscalía, o bien la defensa de Gallardo señalarían que el nuevo aforamiento del exlíder del PSOE de Extremadura obligaba a que el caso fuese juzgado en un tribunal superior, en concreto, en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE). Así, este tendría que haber designado una nueva fecha para el juicio dictando posterior sentencia a Gallardo y a David Sánchez.
Sin embargo, al no estar aforado Gallardo, el juicio se celebrará como en un principio se había planteado: tendrá lugar en la Audiencia Provincial de Badajoz entre los días 28 de mayo y 4 de junio del presente año. Esta fecha fue acordada por la citada instancia después de que las acusaciones populares pidieran retrasar la vista oral debido a la coincidencia de las anteriores fechas –febrero de 2026— con otros procedimientos penales.
El hermano del presidente del Gobierno y el exlíder de los socialistas extremeños podrían ser condenados entre siete y diez años de inhabilitación para ejercer cualquier otro cargo público y una condena de prisión de entre seis meses y dos años. A estas penas habría que sumarle la correspondiente multa económica en caso de que así lo considerase el juez. Por su parte, la Fiscalía ha pedido en este caso la absolución de ambos procesados y enviados a juicio oral; algo que no es habitual en los procesos judiciales.
Movimiento inesperado
La renuncia al aforamiento por parte de Gallardo ha sido un movimiento inesperado por parte de la defensa del expresidente de la Diputación pacense después de que Gallardo intentara aforarse en fraude de ley al ser procesado por la juez encargada de la instrucción del caso, Beatriz Biedma.
Para ello, tuvo que dejar su acta la diputada autonómica socialista María de la Cruz Rodríguez Vegazo. Posteriormente, los otros cuatro dirigentes socialistas que se encontraban por encima de Gallardo en las listas del PSOE –Pedro Blas Vadillo, Virginia Borrallo, Juan Francisco Ceballos y María Dolores Fernández— renunciaron ante notario a su derecho al acta. Todo esto sucedió en un mismo día. Pero la jugada de Gallardo fue tumbada por el TSJE, que entendió que se trataba de un aforamiento realizado por fraude de ley y devolvió el caso a la Audiencia Provincial.
Esa situación cambiaba con el nuevo aforamiento, ahora legal, que obtuvo Gallardo al entrar en la Asamblea de Extremadura tras el adelanto electoral. Ese que ahora deja junto a su acta de diputado.
Acusaciones separadas
Por su parte, la Audiencia Provincial ha acordado esta semana que las acusaciones populares sean separadas y no actúen, como hasta ahora en el procedimiento, como acusación popular unificada. Esto permitirá a las diferentes acusaciones populares llevar a cabo diferentes estrategias de acusación contra David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo.