Los sindicatos policiales han alzado la voz contra la regularización masiva y extraordinaria que prepara el Gobierno de Pedro Sánchez. La mayoría de ellos han coincidido en que la medida rompe el consenso mantenido durante dos décadas y lanza un mensaje muy peligroso. A su juicio, España se desmarca de la estrategia europea de firmeza y previsibilidad y se convierte en un destino aún más atractivo para inmigración irregular y las mafias.
Han coincidido en que el impacto no será solo político, sino operativo e inmediato. Las unidades de Extranjería y Fronteras, ya saturadas, tendrán que asumir cientos de miles de expedientes adicionales. "Tramitación de permisos, comprobación de identidades y revisión de requisitos legales recaerán sobre plantillas insuficientes", han explicado. "El resultado serán retrasos, menor control efectivo y debilitamiento de la lucha contra las redes criminales organizadas", han añadido.
La Confederación Española de Policía (CEP) ha subrayado que los anuncios de regularización actúan como efecto llamada y que las mafias utilizan estas decisiones como gancho comercial para captar inmigrantes en origen, prometiendo futuras legalizaciones. "Ayuda a las mafias a colocar su producto", han advertido, tras lo que han asegurado que la iniciativa perjudica gravemente el trabajo policial y sitúa a España a años luz de los criterios técnicos que deberían regir esta política.
El sindicato policial ha recordado que además que la medida rompe un consenso tácito de veinte años entre gobiernos de distinto signo. Desde 2005, han señalado, ningún Ejecutivo había impulsado una regularización masiva de esta magnitud por entender que no beneficiaba al Estado. La prevista ahora podría alcanzar a unas 800.000 personas, superando con creces la de 2005, y en un contexto europeo que camina justo en sentido contrario actual.
Justicia Policial (JUPOL) ha puesto el foco en el colapso administrativo que se avecina si no hay refuerzos inmediatos. Ha alertado de que las Brigadas de Extranjería trabajan ya con agendas desbordadas y plantillas ajustadas y asumir de golpe cientos de miles de solicitudes supondrá, según han advertido, "una acumulación inasumible de trámites y una merma directa de otras funciones policiales esenciales básicas actuales".
Uno de los puntos que más preocupa a JUPOL es el criterio de antecedentes. El sindicato ha advertido de que basar la regularización casi exclusivamente en la ausencia de antecedentes penales firmes es peligroso. "No tener antecedentes judiciales no equivale a no haber sido detenido o investigado", han señalado, recordando que muchos procedimientos judiciales tardan años en resolverse y que eso obliga a comprobaciones complejas que requieren tiempo y medios.
El sindicato ha alertado también de un impacto transversal en toda la estructura policial. Aumentarán las comparecencias, la presión sobre los sistemas de cita previa y las gestiones en calabozos y centros de estancia. Además, han recordado que el fraude de identidad y la falsedad documental son habituales en estos procesos y exigen análisis especializados.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha compartido el diagnóstico y ha elevado el tono. Ha considerado que la regularización responde a un "cálculo político" y" pone en riesgo la seguridad". Ha denunciado que no existe un plan claro para verificar identidades ni antecedentes reales. "Regularizar de forma masiva sin un análisis individualizado es una temeridad", han sostenido, alertando de que la carga de trabajo recaerá sobre una Policía Nacional ya al límite.
El sindicato ha insistido en que no tener antecedentes penales no significa carecer de antecedentes policiales. Hay personas identificadas, investigadas o vinculadas a hechos graves que aún no han sido condenadas. En su opinión, lanzar mensajes de regularización con requisitos laxos y fechas claras "transmite que la entrada irregular tiene premio". Ese efecto llamada, han subrayado, se traduce en más presión en fronteras, costas y seguridad ciudadana.
Las tres organizaciones han coincidido en señalar que el principal beneficiado de la medida será el crimen organizado. Las redes de tráfico y trata de seres humanos utilizan cada anuncio de regularización como argumento comercial. CEP, JUPOL y SUP han advertido de que estas mafias se lucran con la desesperación de miles de personas y empujan a viajes cada vez más peligrosos. "Es un auténtico balón de oxígeno para las mafias", han coincidido.