Todas las polémicas que acorralan a Marlaska: Barbate, presos de ETA, Melilla…

La dimisión del DAO de la Policía Nacional por una presunta agresión sexual con una subordinada ha vuelto a poner al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el ojo del huracán. Este había confiado en el dimitido José Ángel González para controlar con mano de hierro todo lo que ocurría en el cuerpo. Hasta tal punto confiaba en él que hizo todo tipo de artimañas para mantenerle en el cargo y que no se tuviera que jubilar y dejar el puesto.

Partidos políticos como PP y Vox o sindicatos policiales como Jupol (uno de los dos mayoritarios) o la CEP (Confederación Española de Policía) han pedido en las últimas horas que también dimita el propio Marlaska. Algo que no es nuevo para el juez metido a político, que como ministro del Interior más longevo de la democracia -lleva casi 8 años en el cargo- ha ido enlazando polémicas y peticiones de dimisión, aunque siempre ha sido respaldado por Pedro Sánchez.

Ha sido reprobado hasta en tres ocasiones en el Congreso de los Diputados, una de ellas incluso con el voto en bloque de los partidos de extrema izquierda que sustentan al Ejecutivo. De hecho, ha sido el ministro que más veces ha sido reprobado en las Cortes Generales durante varios años, hasta que Oscar Puente fue designado ministro por el presidente del Gobierno y ha conseguido batir todas las marcas de reprobación existentes.

La UCO sin fondos reservados y el primer cese político (2018)

No llevaba ni dos meses en el Ministerio del Interior cuando Marlaska tuvo su primera gran polémica. Su entonces número dos y secretaria de Estado de Seguridad se olvidó de firmar la entrega de fondos reservados para las unidades de investigación y estas se quedaron paralizadas. El entonces jefe de la UCO avisó a sus subordinados de que se paraban muchas de las investigaciones porque carecían del dinero necesario para ello.

Esta situación trascendió a los medios de comunicación, dejando en evidencia al ministro y a la cúpula política de su departamento. Marlaska reaccionó cesando al coronel jefe de la UCO que alertó de la falta de fondos. Se trataba de Manuel Sánchez Corbí, un mando con amplia experiencia en la lucha contra el terrorismo de ETA y muy reconocido por sus subordinados. Fue el primer cese altamente polémico de Marlaska y sirvió para poner por primera vez al ministro contra las cuerdas en el Congreso de los Diputados.

Los presos de ETA a cárceles vascas y navarras (2018-2023)

Nada más llegar Marlaska al Ministerio del Interior comenzó un proceso de traslado de terroristas de ETA a las prisiones más próximas al País Vasco y Navarra. En un segundo proceso posterior los llevó a todos directamente a centros penitenciarios de estas dos regiones. El Gobierno defendió que se trataba de una política individualizada y ajustada a la legalidad penitenciaria, una vez disuelta la banda terrorista y desaparecida su estructura operativa.

Las asociaciones de víctimas denunciaron que los acercamientos coincidían con votaciones clave en el Congreso de los Diputados y con el respaldo parlamentario de EH Bildu. También se supo que esos traslados se hicieron con el rechazo de las juntas de tratamiento de las prisiones y sin que los etarras colaboraran con la justicia para esclarecer los crímenes sin resolver. Después se cedió la competencia de prisiones al Gobierno vasco, que los va liberando de manera progresiva.

Destitución del coronel Pérez de los Cobos (2020-2023)

La salida del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid desató una de las mayores crisis internas de la historia de la Guardia Civil. Provocó incluso la dimisión del DAO. El Ministerio alegó "pérdida de confianza", pero el trasfondo fue la negativa del mando a informar sobre diligencias judiciales relativas a la manifestación del 8-M que se celebró pocos días antes de que se decretase el estado de alarma por la pandemia de Covid-19.

El caso llegó a los tribunales y el Tribunal Supremo declaró ilegal la destitución al considerar que no podía exigirse a un mando policial revelar actuaciones sometidas a secreto judicial. La sentencia obligó a su restitución, aunque Interior tardó más de cuatro meses en cumplirla. Esta polémica cuestionó la gestión de Fernando Grande-Marlaska, reforzando las acusaciones de injerencia política en investigaciones sensibles.

Tragedia de la valla de Melilla (2022)

El 24 de junio de 2022, un intento masivo de salto a la valla de Melilla terminó con al menos 23 inmigrantes fallecidos. Las imágenes de la actuación conjunta de fuerzas españolas y marroquíes provocaron una fuerte controversia nacional e internacional. ONG y partidos de extrema izquierda exigieron explicaciones y denunciaron un uso desproporcionado de la fuerza. Los partidos de derechas denunciaron la falta de medios que tuvieron los agentes de la Guardia Civil.

Esta tragedia fronteriza provocó que Fernando Grande-Marlaska fuera reprobado en el Congreso de los Diputados. Ese rechazo público a la gestión del ministro fue respaldado tanto con los votos de los partidos de derechas en la oposición como con el de las fuerzas de extrema izquierda que dan su apoyo parlamentario al Gobierno de Pedro Sánchez.

Desmantelamiento de Ocon Sur (2022)

El ministerio de Marlaska anunció a bombo y platillo en noviembre de 2018 que ponía en marcha un operativo especial para combatir el narcotráfico en la costa andaluza. Se desplegaron unos 150 agentes, muchos de ellos de unidades de élite como los GAR (Grupos de Acción Rápida) de la Guardia Civil, una unidad que fue creada para combatir al terrorismo de ETA. Los resultados de ese operativo especial, que se llamó Ocon Sur, fueron espectaculares.

Sin embargo, en septiembre de 2022, por razones que nunca se han hecho públicas, el propio Marlaska decidió eliminar la unidad sin explicación pública. Desde entonces la situación en la costa andaluza no ha parado de empeorar y los grupos dedicados al narcotráfico cada vez actúan con mayor impunidad, enfrentándose a las Fuerzas de Seguridad incluso con armas largas. Un claro ejemplo de esa impunidad fue la tragedia de Barbate.

La tragedia de Barbate (2024)

Dos guardias civiles murieron tras ser embestidos por una narcolancha en el puerto de Barbate (Cádiz) en febrero de 2024. El suceso conmocionó a la opinión pública y reabrió el debate sobre la presión del narcotráfico en el Campo de Gibraltar y la falta de medios para combatirlo en la zona. De hecho, los dos agentes fueron enviados a luchar contra las narcolanchas en condiciones sumamente precarias.

Sindicatos y asociaciones profesionales denunciaron carencias materiales y humanas, y reclamaron la dimisión de Fernando Grande-Marlaska. Desde el Ministerio del Interior se defendió que el dispositivo contra el narcotráfico estaba reforzado y que se habían incrementado recursos en los últimos años, rechazando asumir responsabilidades políticas por lo ocurrido. Hace menos de un mes Marlaska dio la espantada en el Parlamento Europeo, que le había citado para dar explicaciones sobre esta tragedia.

Compra de munición israelí (2025)

Otra de las controversias que ha marcado la etapa de Marlaska al frente de Interior fue la compra de munición de origen israelí para la Guardia Civil. El contrato, adjudicado a una empresa española que distribuía material fabricado en Israel, generó fuertes críticas de los partidos de extrema izquierda aliados del Gobierno y tensiones dentro del propio Ejecutivo.

Interior defendió que se trataba de un procedimiento técnico y conforme a la legalidad en materia de contratación pública. Sin embargo, la polémica obligó a dar explicaciones públicas y generó tal presión en torno a la decisión que Pedro Sánchez obligó a Marlaska a romper el contrato firmado pese a que ya había salido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), con el consiguiente perjuicio económico que se generó para las arcas públicas.

Cambios en la cúpula de la UCO (2025)

En plena polvareda por las operaciones de la UCO de la Guardia Civil contra diferentes tramas de corrupción que afectaban al Gobierno de Pedro Sánchez, el Ministerio del Interior decidió ascender a general al coronel jefe de la unidad para dar un golpe de timón en la unidad. Algo que sucedió pocos meses después de que se conociera que la fontanera Leire Díez intentaba acabar con algunos de los mandos de esta unidad de investigación policial.

Pese a que el Ministerio del Interior argumentó que ese ascenso respondía a criterios estrictamente profesionales y vacantes reales por jubilación de generales de brigada, el contexto y el momento alimentaron la percepción de que el relevo era para condicionar el rumbo de procesos judiciales muy sensibles para el Gobierno.

Guerra con sindicatos policiales y asociaciones de guardias (2018-2026)

Grande-Marlaska ha mantenido una relación muy tensa con sindicatos de la Policía Nacional y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que han protagonizado protestas en diferentes ciudades contra las políticas del Ministerio del Interior. Las reclamaciones se han centrado en la equiparación salarial y de jubilación con policías autonómicos, el reconocimiento de su trabajo como profesión de riesgo, la mejora de medios materiales y la actualización de condiciones laborales.

Además, los dos intentos fracasados de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana han generado importantes fricciones adicionales, al considerar los sindicatos policiales y las asociaciones de guardias civiles que se debilitaba su capacidad operativa y se daba alas a los delincuentes. Interior, por su parte, defendió que los cambios buscaban garantizar derechos fundamentales sin menoscabar la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Salida de Policía y Guardia Civil de País Vasco, Navarra y Cataluña (2018-2026)

El Ministerio del Interior ha realizado reestructuraciones del despliegue territorial de algunas unidades de la Policía Nacional y la Guardia Civil bastante polémicas. Se ha retirado a desactivadores de explosivos y expertos en montaña de Cataluña, País Vasco y Navarra, se ha aprobado la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, y se ha permitido que la Ertzaintza y los Mossos d´Esquadra empiecen a juguetear con las competencias marítimas mientras pasan a encargarse de la seguridad de los puertos y aeropuertos.

Los partidos de derechas de la oposición, los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han puesto el grito en el cielo porque consideran que es el principio del desmantelamiento de las Fuerzas de Seguridad del Estado en estas tres regiones, con el único objetivo de contentar a los partidos nacionalistas que apoyan al Gobierno, que tienen la única intención de intentar que el Estado exista lo menos posible en sus regiones.