El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha anunciado este martes que el Juzgado de Instrucción Número 1 de Teruel ha suspendido los plazos procesales de la causa que investiga la trama de corrupción medioambiental en torno a Forestalia durante dos semanas debido a la complejidad de la causa.
Como ya adelantaba Libertad Digital, el caso que investiga los presuntos delitos de prevaricación administrativa y medioambiental, cohecho, blanqueo de capitales o pertenencia a organización criminal cometidos por la trama de Forestalia se desborda. Así, aunque por el momento la causa se investiga en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Teruel, es posible que acabe en la Audiencia Nacional, debido a que este es el órgano judicial adecuado para investigar la presunta organización criminal.
De esta forma, según se ha dictado en una providencia recogida en la nota del TSJA, el magistrado Juan José Cortés ha dictado una providencia acordando "la suspensión de todos los plazos actualmente en trámite hasta el día 31 de marzo de 2026". A ojos del instructor, se trata de un tiempo razonable para asegurar que las partes personadas tienen conocimiento del sumario, bajo secreto hasta la pasada semana.
"A partir de dicha fecha, se alza la suspensión y comienzan a computarse todos los plazos que todavía están pendientes", explican desde el TSJA. De hecho, se estiman estas dos semanas para que se informe sobre la posible inhibición del Juzgado de Instrucción Número 1 de Teruel en favor de la Audiencia Nacional.
Además, se establece que, durante estas dos semanas, se informará a todas las personas físicas y/o jurídicas que pudiesen ser afectadas por la adopción de medidas cautelares a los efectos de que puedan ser citadas y convocadas a la correspondiente vista.
Por último, se estima el plazo necesario para que se tramite el recurso de reforma interpuesto por la defensa de los hermanos Pérez Águeda, que habrían actuado, según la Unidad Central Operativa Medioambiental (UCOMA) de la Guardia Civil, como los testaferros de la trama. En concreto, serían las personas encargadas de esconder las presuntas riquezas ilícitas amasadas por el presidente de Forestalia, Fernando Samper, así como los presuntos pagadores de las supuestas comisiones recibidas por el ex alto cargo del Ministerio de Teresa Ribera, Eugenio Domínguez.