La denunciante del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional José Ángel González ha vivido un hecho "insólito" por parte de la Fiscalía que dirige Teresa Peramato, que ha rechazado prohibir las comunicaciones entre el presunto agresor y denunciante, al no apreciar "riesgo objetivo" para la presunta víctima..
Una subordinada del ex número dos de la Policía Nacional denunció al que entonces era su superior por una supuesta agresión sexual. Ambos acudieron este martes al Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid para declarar por primera vez en el proceso de instrucción. La Fiscalía rechazó prohibir las comunicaciones entre agresor y víctima; una postura a la que accedió el magistrado instructor.
Según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital, este hecho es "insólito" tratándose de un caso en el que el agresor también se encuentra imputado por un supuesto delito de coacciones al tratar de acallar a la víctima con numerosas llamadas y mensajes en las semanas posteriores; algo para lo que también habría utilizado a su asesor, el comisario Óscar San Juan.
Así, que la Fiscalía no apreciara un riesgo objetivo para la víctima que justificara la prohibición de las comunicaciones es tremendamente extraño teniendo en cuenta que el propio Ministerio del Interior ha accedido a ponerle una escolta policial a la víctima para evitar posibles represalias.
Por ello, estas fuentes acusan a la Fiscalía dependiente de Peramato de demostrar "poca empatía" con la víctima, a la que el exDAO podría volver a contactar en cualquier momento pudiendo afectar a su estado psicológico.
La Fiscalía "posicionada" contra la violencia machista
Todo ello, teniendo en cuenta que Peramato ha hecho gala de su condición de exfiscal de sala contra la Violencia de Género desde que ha llegado a la Fiscalía General del Estado para suceder a Álvaro García Ortiz. De hecho, en su discurso de toma de posesión del cargo, recordó su etapa en los Juzgados de Violencia sobre la Mujer nombrando a las víctimas asesinadas "por ser mujer" desde que hay registros.
Además, lanzó un "llamamiento para que las administraciones lleven a cabo un posicionamiento claro y activo" contra los delitos de índole sexual, entre los que destacó la agresión sexual. Sin embargo, la Fiscalía que dirige, según estas fuentes, no ha tenido la empatía que cabría demostrar con una víctima de violencia machista; algo que cobra aún más relevancia teniendo en cuenta que este caso afecta negativamente al Gobierno de Pedro Sánchez y, en concreto, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
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