Los problemas en torno a las pulseras antimaltrato del Ministerio de Igualdad de Ana Redondo no desaparecen. El último fallo que se había detectado en esta materia es que dichas pulseras dejaban de funcionar en caso de que se mojasen. Y ahora también se conoce que estas pulseras no son efectivas a una distancia de 100 metros.
El Ejecutivo lo ha admitido a través de una respuesta parlamentaria por escrito al Grupo Parlamentario Vox en la que, en vez de reconocer el error, ha aprovechado para cargar contra los jueces por no establecer órdenes de alejamiento "efectivas". Así lo ha adelantado el diario Okdiario.
En su respuesta a los diputados de la formación de Santiago Abascal, el Ejecutivo señala que "la distancia de la orden de alejamiento de 100 metros no permite margen operativo de las fuerzas de seguridad y dificulta, o directamente, imposibilita la protección efectiva de la víctima. Cuando la alerta se activa a 100 metros, el tiempo de reacción es extremadamente reducido. Si el agresor recorre esa distancia en vehículo, el margen de actuación se reduce a apenas unos segundos, lo que hace muy difícil que pueda producirse una intervención preventiva efectiva".
El Ejecutivo se ha excusado en las medidas de protección tomadas por los jueces para justificar el error de las pulseras antimaltrato: "La distancia de las órdenes de alejamiento es un elemento clave de la protección ya que la eficacia del sistema no depende únicamente de la tecnología, sino también de las condiciones fijadas en la medida judicial, especialmente la distancia de exclusión", alerta el documento.
Culpan a los jueces
En el escrito, el Gobierno informa también de que el Ministerio de Igualdad de Ana Redondo remitió una comunicación mediante carta al juzgado el 8 de enero en la que advertía expresamente de que el sistema no resulta operativo con una distancia de 100 metros y solicitaba que se reconsiderara su ampliación. El caso está judicializado y toda la información ha sido remitida al juzgado. También ha trasladado esta preocupación al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía.
"Cabe señalar que las órdenes de alejamiento deben ser medidas reales de protección, no pueden ser simbólicas ni meramente formales, deben establecer distancias y condiciones que reduzcan de forma efectiva el riesgo y permitan una respuesta preventiva y coordinada para proteger a las víctimas", critica el Ejecutivo en la respuesta parlamentaria, en lo que supone el enésimo ataque del Gobierno de Pedro Sánchez y del Ministerio de Igualda a la Justicia.