El día después de las elecciones en Andalucía, el presidente de la Generalidad catalana, Salvador Illa, y el presidente de ERC Oriol Junqueras anuncian el acuerdo para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026. En el ecuador de la legislatura, Illa ha logrado lo que no puede Pedro Sánchez, hacerse con unas cuentas públicas para definir con mayor precisión su acción de gobierno. Son las primeras cuentas que se aprobarán en esta legislatura y las últimas, puesto que Illa tiene la intención de utilizar estos presupuestos como pértiga para alcanzar los cuatro años de mandato.
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha rebajado el precio. De la exigencia irrenunciable de la puesta en marcha de la Agencia Tributaria catalana para recaudar todos los impuestos, IRPF incluido, ha pasado a negociar sobre infraestructuras y traspasos. En el primer ámbito ha logrado que Illa se comprometa a embarcarse en una gigantesca obra de ingeniería, la línea ferroviaria denominada "orbital" para que se puede ir de Vilanova y la Geltrú o de Vilafranca de Penedés a Mataró sin pasar por Barcelona. Un proyecto del tripartito de Maragall que Junqueras ha desenterrado por el capricho de los nacionalistas que no acaban de asimilar que la "cosmopolita" Barcelona sea la capital de Cataluña. 5.200 millones de euros y obras hasta 2040 en una región en la que el tráfico ferroviario es un caos tercermundista.
La otra parte del acuerdo es el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona, entidad dependiente del ministerio de Hacienda y cuya principal función es la gestión de recintos aduaneros especiales donde se permite el almacenamiento, transformación y distribución de mercancías sin pagar impuestos arancelarios ni IVA. En la actualidad existen los consorcios de Cádiz, Vigo, Las Palmas de Gran Canaria, Tenerife, Sevilla y Santander, la de más reciente creación. La de Barcelona data de 1916.
El Estado tiene la mayoría en la entidad, aunque la preside el alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni. El delegado del Estado y vicepresidente ejecutivo es el también socialista Pere Navarro, en el pasado primer secretario del PSC. Según la propuesta de ERC, la Generalidad pasará a disponer del 40% de la participación, el Ayuntamiento el 15% y el 45% restante, el Estado.
Sustituir al Estado en Cataluña
La exigencia de Junqueras va en la línea de traspasos como el de las cercanías de Renfe, llamadas en Cataluña Rodalies, o la Agencia Tributaria catalana. Se trata de sustituir al Estado en Cataluña. En cuanto a la financiación, la Generalidad de Salvador Illa sigue trabajando para construir el organismo que pueda suplir las funciones de la Agencia Tributaria con garantías. De momento, el personal de la Generalidad se acerca al millar, lejos de los cuatro mil funcionarios que dependen en Cataluña del Ministerio de Hacienda.
La intención de Salvador Illa es lograr la "Agència" catalana antes de que concluya la legislatura. Está exigido por el pacto de investidura que firmó con Oriol Junqueras, aunque fue negociado por Marta Rovira, retirada de la política. En dicho acuerdo se establecía un concierto económico catalán en el que la pieza clave era la recaudación de todos los impuestos.