El Supremo admite el recurso de Murcia contra el decreto de regularización de inmigrantes

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Gobierno de Murcia contra el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, que establece un procedimiento extraordinario para la regularización de personas extranjeras en situación irregular.

Según ha informado Europa Press, el Ejecutivo murciano considera que la norma constituye una disposición de carácter general que perjudica los intereses de la comunidad autónoma al afectar a competencias propias relacionadas con la asistencia social y la integración de las personas que puedan acogerse a este proceso.

Entre los argumentos recogidos en el recurso, el Gobierno regional sostiene que el decreto incide directamente en materias cuya gestión corresponde a la comunidad autónoma, por lo que entiende que invade su ámbito competencial.

Falta de financiación

Asimismo, el Ejecutivo murciano denuncia una supuesta vulneración del principio de autonomía financiera. A su juicio, la ampliación del acceso a autorizaciones de residencia provocará un aumento del número de personas potencialmente beneficiarias de prestaciones cuya gestión corresponde a la comunidad autónoma, sin que se haya previsto una financiación adicional para asumir ese incremento del gasto.

La comunidad también cuestiona la adecuación de la norma al marco europeo. En este sentido, sostiene que el decreto "vulnera el principio de lealtad institucional" y que resulta contrario a la directiva de la Unión Europea que reserva los procesos de regularización a "supuestos excepcionales debidamente motivados y limitados".

Posibles efectos económicos

Por otro lado, el Gobierno murciano advierte de las consecuencias que la aplicación de la medida podría tener para el mercado laboral de la región, especialmente en los casos relacionados con autorizaciones de residencia por arraigo.

Según recoge el recurso, la normativa "no garantiza mecanismos claros de información a los empleadores afectados y podría derivar en sanciones o responsabilidades para empresas que contrataron o actuaron conforme a la legalidad y de buena fe".