En un reciente artículo publicado en Perspect Sex Reprod Health, los autores realizaban una encuesta que mostraba que, aunque el debate sobre el aborto suele quedar atrapado entre dos extremos, una mayoría de encuestados, más del 64%, se identificaban tanto con una postura provida como proelección en algún grado.
En un extremo, la izquierda radical, una defensa absoluta del aborto sin matices, sin plazos y sin límites, como si toda objeción moral, antropológica y demográfica fuera irrelevante. De otro, una concepción ultraconservadora del concebido como sujeto pleno de derechos cuya protección puede imponerse al margen de la autonomía de la mujer. Una posición liberal clásica concilia ambas posturas evitando maniqueísmos. Defiende sin contradicción que el aborto sea legal, accesible y no penalizado, y al mismo tiempo afirma que la vida prenatal merece una reflexión seria. En este contexto hay que situar la propuesta de Isabel Díaz Ayuso para una ley del concebido no nacido.
La clave de la liberal cuadratura del círculo respecto al aborto que propone la presidente madrileña está en distinguir entre moralidad, derecho y política pública. El hecho de que una acción sea moralmente discutible no implica necesariamente que deba ser penalizada. El liberalismo clásico limita el alcance coercitivo del Estado en materias de conciencia, cuerpo y vida privada. En cuestiones como el aborto, eso significa que el orden jurídico debe evitar convertir una controversia moral profunda en una guerra civil permanente entre ciudadanos obligados a someterse a la moral del adversario. La ley debe proteger la libertad de decisión de la mujer, especialmente porque el embarazo afecta de forma directa y exclusiva a su cuerpo, su salud, su proyecto vital y su futuro.
Ahora bien, reconocer ese derecho no obliga a negar el valor del concebido. De hecho, una cultura liberal madura defiende que la mujer no debe ser forzada a continuar un embarazo no deseado, pero con límites temporales que reconozcan al feto a partir de un estado de desarrollo. Lo que, por cierto, es perfectamente compatible con el catolicismo, dada la doctrina tomista sobre la emergencia de los diferentes tipos de alma –vegetativa, animal, humana– durante el desarrollo fetal.
El problema de ciertos discursos proelección en la izquierda radical es que, en su afán por blindar la autonomía, disuelven por completo la dimensión ética de la gestación. Y el problema de muchos discursos provida en la ultraderecha es que absolutizan la vida prenatal de tal modo que convierten a la mujer en simple soporte biológico.
La respuesta liberal no es negar el conflicto, sino resolverlo de la forma menos dañina posible para todas las partes involucradas.
La cuestión demográfica es otro factor a considerar. El declive de la natalidad implica que se debe hacer compatible la vida familiar con la libertad individual. Defender la vida de verdad y no como eslogan ideológico implica establecer condiciones concretas para que las personas quieran y puedan tener hijos.
La ley del concebido no nacido propuesta por Ayuso reconoce al feto como miembro de la unidad familiar a efectos de ayudas públicas. Se puede discutir su diseño técnico, pero el principio que la sustenta es de raíz inequívocamente liberal ya que no penaliza a nadie, no modifica ni una coma de la ley del aborto, y se limita a mejorar las condiciones materiales de quien decide continuar un embarazo. Es, en el sentido más estricto del término, un nudge al estilo de los que defienden Carl Sunstein y Richard Thaler, es decir, un empujón que hace más liviana una opción sin cerrar la otra.
La evidencia disponible sobre incentivos económicos a la natalidad en España, como el estudio de la economista Libertad González sobre el cheque bebé de 2007 (una ayuda única de 2.500 euros por nacimiento), muestra que hubo un pequeño baby boom después de la introducción de la ayuda y una disminución en el número de abortos. Ahí está la diferencia entre una cultura conservadora provida impuesta por ley y una cultura liberal igualmente provida pero también proelección. En lugar de represión estatalista, persuasión con incentivos materiales.
Filosóficamente, una posición liberal clásica combate lo clichés de la izquierda y la derecha al reconocer que la mujer no es un medio para fines ajenos, pero también que la vida prenatal no es antropológicamente insignificante. El Estado liberal mantiene la neutralidad jurídica al establecer una ley del aborto como la existente, pero no tiene por qué mantener una indiferencia social y una imparcialidad respecto al bien común. En cualquier caso, desplaza el debate desde los sesgos ideológico-religiosos hacia las condiciones reales de libertad, responsabilidad y apoyo que rodean a las mujeres que eligen abortar.
Frente al prohibicionismo clásico de conservadores y socialistas —vean la película 4 meses, 3 semanas, 2 días de Cristian Mungiu, ambientada en los últimos años del comunismo en Rumanía—, el aborto no debe ser prohibido como regla general, pero sí regulado en cuanto a límites, plazos y, como ahora ha propuesto Ayuso, incentivos que apoyan a las mujeres en particular y a la sociedad en general respecto a una política de natalidad.
La sociedad liberal debe proteger la decisión de la mujer y, simultáneamente, promover todo lo que haga menos probable que esa decisión sea vivida como una tragedia. El liberalismo en cuanto que humanismo es la única opción filosófica que sabe y quiere aunar la libertad y la vida.