No hay misterio en la reacción furiosa del Gobierno a la sentencia que condena al hermano de Pedro Sánchez. Tampoco hay enigma en que unos partidos políticos que apoyan al Gobierno coreen lo de la cacería judicial y el estribillo de que no se ha perseguido un delito, sino a una persona. A una inocente, por demás. La Audiencia de Badajoz es Herodes. Pero no hay misterio porque basta imaginar qué sucedería si reconocieran que la sentencia es correcta y los hechos por los que se condena, ciertos. Pensar qué tendrían que hacer entonces, les da un vértigo horroroso.
Con los escándalos de corrupción más desvergonzados, aprietan la mandíbula, dicen con la boca pequeña que es cosa de individuos aprovechados y aislados, y presumen de que ya se les apartó. No se atreven a presentarse ante la opinión pública como defensores de un Ábalos, un Koldo, un Santos Cerdán, una Leire y demás compañeros de tramas y mordidas. Lo hacen solapadamente, entonando lo de la operación para derribar al santo Gobierno, pero no a tumba abierta.
En los casos de familiares que aprovecharon la posición de Sánchez para conseguir tratos de favor o, como el sedicente director de orquesta, empleos estables con poca carga de trabajo, ahí se ven con más margen de maniobra. Sea real o no el margen, aprovechan para alimentar el auto de fe contra los jueces, clavo ardiendo al que se agarran en medio del fuego. Ir de víctimas de una conjura política es mejor que ir de miembros de una confabulación de corruptos. Los votantes que les quedan, aunque el CIS asegura que crecen con cada condena, deben de sospechar de las sentencias, de los jueces, de la Guardia Civil, de quien sea, en vez de sospechar de los partidos y dirigentes que han consentido e impulsado los hechos que se investigan y juzgan.
Claro que después vienen las genialidades. Los toques de inspiración sólo al alcance de cráneos privilegiados. He ahí, por ejemplo, a un Patxi López, que define la condena al enchufado hermano como un triunfo de la ultraderecha. Lo mismo, con palabras menos crudas, dicen otros notables políticos de la llamada izquierda. Unos y otros, Gobierno y socios, acaban de establecer delante de los focos que el enchufe sólo lo persigue en España la ultraderecha y, por su denuncia, una Justicia que tachan de viciada.
Dirigentes socialistas se llevan las manos a la cabeza por lo desproporcionado y demencial de que un enchufe, ¡en un país como éste!, acabe en un juzgado. El nepotismo y el enchufismo, que liquidan la meritocracia y lastran la eficacia de los gobiernos, acaban de encontrar a sus paladines en los partidos del Gobierno y allegados. ¿Que no los defienden? Pero los toleran, los normalizan y rechazan denunciar, cuando los practica alguno de ellos. Cualquier día restablecen el sistema de cesantías del XIX español. ¿O ya lo han hecho? Hasta pueden instaurar el spoils system de los partidos estadounidenses del mismo siglo, donde el partido ganador colocaba, incluso, a los carteros. Allí empezó a ponérsele freno cuando el presidente James A. Garfield fue asesinado por un individuo que creía que debía haber sido nombrado cónsul en Francia. Aquí, según mentes preclaras de la izquierda, ponerles freno a esas lacras es de ultraderecha. Son unos genios.