Los incendios que afectan a las provincias de Ávila y Madrid están arrasando decenas de miles de hectáreas y han obligado a evacuar casi medio centenar de localidades ante el riesgo de que las llamas llegaran a los cascos urbanos. Más de 60.000 personas están fuera de sus casas a la espera de que los fuegos se extingan, viviendo con la incertidumbre sobre lo que le haya podido ocurrir a sus propiedades, cercadas por unos incendios pavorosos que han obligado a decretar, por primera vez en el caso del fuego, la emergencia nacional. También las provincias de Toledo y Castellón están siendo afectadas por otra oleada de incendios que se suman al saldo destructivo de estos días, cuyo único consuelo es que, afortunadamente, no ha provocado ningún daño personal.
Ante esta situación, resulta especialmente insultante que los gestores políticos recurran una y otra vez al expediente del calentamiento global para culparlo de una catástrofe que ellos mismos han alimentado con su fanatismo climático. Lo hizo Moreno Bonilla en unas declaraciones lamentables durante el incendio de Los Gallardos en Almería, mientras Pedro Sánchez asentía en segundo plano con su ensayada expresión circunspecta. Pero son el Gobierno y sus medios afines los que con más insistencia están propagando el bulo de que estamos ante un desastre provocado por una especie de apocalpsis climático, ante el que poco o nada se puede hacer desde las instituciones. El pretexto es redondo, porque a los gobernantes izquierdistas les permite eludir su responsabilidad y endosarla al adversario político por su reticencias a invertir miles de millones ante este problema, cuyas raíces son mucho más cercanas de lo que Sánchez y los suyos nos quieren hacer creer.
Porque los incendios devastadores que venimos sufriendo no han sido provocados por una especie de venganza de la Naturaleza, molesta por la incredulidad ecologista del género humano, sino por el derrumbe de una torre eléctrica en mal estado, el uso indebido de maquinaria agrícola o la acción intencionada del hombre. El abandono absoluto de las zonas forestales, las trabas a las labores agrícolas y ganaderas que podrían limpiar de maleza amplísimas zonas de monte y la reducción de los medios materiales y humanos dedicados a la prevención y la extinción del fuego han hecho el resto para que los fuegos, localizados en sus inicios, se propaguen de manera incontrolable.
Si Pedro Sánchez fuera sincero cuando advierte sobre los efectos del cambio climático aumentaría las inversiones en la España rural, propiciaría las labores ganaderas en las zonas forestales y multiplicaría por diez o por cien el gasto en medios de extinción. Sin embargo, su Gobierno hace exactamente lo contrario, lo que añade a sus comparecencias lacrimógenas y a las intervenciones de los mamarrachos que le rodean, una dosis añadida de sadismo.
Dicen desde las instituciones que la Ley de Montes y las regulaciones autonómicas no prohíben la presencia de la ganadería en los montes; tan solo, explican, hay que solicitarlo. Pero si hay que pedir permiso para hacer algo es, obviamente, porque está prohibido. Más aún, la burocracia necesaria para obtener uno de esos permisos excepcionales es tan enrevesada, y tan costosa la obtención de la documentación que hay que aportar para ello que, de hecho, actúa como una barrera infranqueable ante la cual, los agricultores y ganaderos desisten por agotamiento.
La promoción de los trabajos agrícolas y ganaderos en los terrenos comunales y el aumento de inversiones en prevención y extinción del fuego es a lo que deberían aplicarse todos los gobiernos, en lugar de insistir en el bulo de la emergencia climática para eludir su responsabilidad. Urge un cambio radical en el tratamiento de estas catástrofes, que debe comenzar por la erradicación de las absurdas normativas decretadas por el fanatismo ecologista y dictadas por urbanitas indocumentados, que jamás han tenido contacto con la realidad de la España rural.