Iker Urbina, diputado de Amaiur: "El régimen de incomunicación sigue en vigor, no se realizan las grabaciones tal y como establecieron. Y aquí añado yo, no se realiza una grabación real, lo que se realiza es una parodia de grabación. Y lo que es más importante, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sancionado en tres ocasiones, y la última de ellas hace apenas un mes en el caso de Martxelo Otamendi, ha denunciado al Estado español por no investigar debidamente las denuncias de tortura".
"Y tiene que invertir realmente una investigación profunda para depurar todas las responsabilidades, reparar y rehabilitar a sus víctimas y lo que es más importante, poner los medios para que no se repitan. Y aquí entra la parte de las recomendaciones que realizan desde instancias internacionales".
"Vamos a trabajar cuanto esté en nuestra mano para evitar que se produzcan estas excarcelaciones y, si es posible, construir una nueva imputación. Estas fueron las palabras del ministro de Justicia en el año 2005, Juan Fernando López Aguilar, en referencia por su puesto a presos de ETA y más en concreto cuando estaba en boga la situación de Iñaki de Juana, la excarcelación de Iñaki de Juana. Algo que, para quien es docto en derecho penal y sé que aquí hay bastantes que lo son, resulta una absoluta aberración, una barbaridad, una afirmación en estos términos".
"Por su puesto a Iñaki de Juana se le imputa un nuevo delito y lo que es más grave y a lo que voy en este caso. Pocos días después, el Tribunal Supremo en sentencia 197/2006 de 28 de febrero, establece lo que se denomina la 'doctriba Parot'".
"incumbe al Estado demandado, a España, asegurar la puesta en libertad de la demandante Inés del Río Prada, lo más rápidamente posible. La respuesta no se hizo esperar tampoco. El Gobierno no va a poner en libertad a Inés del Río Prada. Consideramos esta posición, por su puesto Inés del Río Prada sigue en prisión, la Audiencia Nacional ha ratificado su situación en prisión".
"ETA no es quien mantiene dispersado a los presos, ETA no es quien ha modificado el derecho a las redenciones para los presos ni es tampoco quien ha reinventado la ley para mantenerles en prisión cuando han cumplido su condena. Por lo tanto, a cada cual lo que le corresponde y al Estado, al Gobierno le corresponde reconocer las vulneraciones cometidas y acabar con la vulneración de derechos al amparo de la lucha antiterrorista".