Plataforma per la Llengua es una de las extensiones "cívicas" de la Generalidad más generosamente subvencionadas con fondos públicos. Fue creada en 1993 para vigilar el cumplimiento de las normativas lingüísticas del nacionalismo, montar campañas contra la supuesta discriminación de los catalanoparlantes e idear nuevos mecanismos de imposición de la "lengua propia" y erradicación del español.
Su último invento es CatalApp, una aplicación para móviles en la que se podrá denunciar a los establecimientos que no se distingan por una estricta obediencia a la legislación autonómica en materia de lengua.
En su página web avisan de que gracias a Google tienen geolocalizados millón y medio de establecimientos de toda índole en Cataluña, unas tiendas, bares y restaurantes que serán sometidos al escrutinio de los usuarios de la aplicación en función de si usan el catalán o atienden en castellano, en qué idioma se dirigen de entrada al cliente, cuáles son la actitud y aptitud en relación al catalán, el idioma de rótulos, cartas y etiquetas, que "permitirá clasificar en un listado los comercios que tienen más responsabilidad lingüística y los que tienen menos".
"El usuario -continúa el texto de presentación del producto- puede valorar en un rango de cinco opciones el uso del catalán en los establecimientos que desee". Los promotores subrayan: "Por tanto, con la CatalApp, los consumidores podrán saber qué comercios tienen una actitud más responsable con el uso del catalán. Además, también servirá para dar a conocer los establecimientos con peor valoración".
Como se recordará, el nacionalismo montó el verano pasado un escándalo en las redes sociales porque un camarero de Balearia no supo atender al músico Quimi Portet en un desplazamiento entre Ibiza y Formentera. El vicepresidente del CAC, Salvador Alsius se sumó a las denuncias porque se vio obligado a utilizar el español para preguntar en la estación de Renfe de Sitges dónde estaba el urinario.