Después de semanas de vacilaciones, el presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, ha decidido querellarse contra la exdirectora del CNI, Paz Esteban, a quien acusa de la intervención con el programa Pegasus de su teléfono móvil cuando el separatismo dio orden de causar graves disturbios como reacción a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el golpe de Estado de octubre de 2017.
La intervención en el teléfono de Aragonès se llevo a cabo con la preceptiva autorización judicial, según trascendió en la comisión de secretos oficiales en la que el PSOE autorizó la presencia de diputados de ERC y Bildu. El actual presidente de la Generalidad constaba en una relación de autorizaciones judiciales al Centro Nacional de Inteligencia con otros 17 nombres.
Aragonès se querella también contra la empresa israelí NSO Group, la distribuidora del programa Pegasus con el que se puede acceder al contenido de dispositivos como teléfonos y ordenadores personales. Se trata del mismo programa que infectó los teléfonos del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del ministro de Agricultura, Luis Planas.
El abogado de Aragonès, Andreu Van den Eynde, el mismo que defendió a Oriol Junqueras en el juicio por el golpe de Estado, ha presentado la querella en Barcelona, pero no en el juzgado número 32 sino en el de guardia. El juzgado 32 es el que entiende sobre la querella que presentaron el expresidente del parlamento catalán Roger Torrent y el concejal de ERC en Barcelona Ernest Maragall, quienes dicen ser las primeras "víctimas" del programa de espionaje Pegasus. La causa está empantanada a la espera de que Israel responda a los requerimientos judiciales sobre NSO Group, algo que no parece ni inminente ni siquiera probable.
Aragonès pretende así seguir explotando el llamado catalangate, una supuesta operación masiva de espionaje sobre casi medio centenar de dirigentes independentistas. La denuncia se construyó en un departamento de la Universidad de Toronto llamado "Citizen Lab" y ha sido puesta en tela de juicio por profesores universitarios canadienses, británicos y españoles. Entre otros detalles, uno de sus impulsores, reconocido activista del separatismo, mintió en su currículum al decir que había sido responsable ejecutivo en compañías como Telegram, donde tan solo hizo unas prácticas de dos semanas.
El presidente de la Generalidad ha amenazado con denunciar también al juez que autorizó la intervención de su teléfono, ya que su abogado, Van den Eynde, sostiene que el control de las comunicaciones de su patrocinado se debió a causas ideológicas.
Cita de Sánchez con Aragonès
Tanta querulancia no es óbice para que la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, de ERC, haya programado una cita este viernes con el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, a fin de preparar el terreno para la reunión entre el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente autonómico Aragonès, y para la reactivación de la "mesa de diálogo". Bolaños devolverá la visita que Vilagrà giró a Madrid el pasado 22 de junio.
Todo apunta a que el encuentro entre Sánchez y Aragonès (prometido precisamente cuando los independentistas detonaron el catalangate) se llevará a cabo después del debate sobre el estado de la nación. Como se recordará, la denuncia separatista del espionaje fue replicada por el Gobierno destapando que los móviles de Sánchez, Robles, Marlaska y Planas también habían sido infectados con Pegasus. El ministro Bolaños presentó denuncia en la Audiencia Nacional pero se ha negado a comparecer en persona o de manera telemática ante el juez José Luis Calama y ha exigido testificar por escrito.