
El instructor de la causa del golpe de Estado separatista, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, ha emitido una orden de detención en territorio nacional contra la eurodiputada de Junts per Catalunya (JxCat) Clara Ponsatí. Llarena señala que Ponsatí "ha desatendido de forma voluntaria e injustificada la citación judicial" por la que tendría que haber declarado ante el Tribunal Supremo el pasado 24 de abril.
Tras regresar a suelo español a finales de marzo, Ponsatí fue conducida por los Mossos d'Esquadra a la Ciudad de la Justicia de Barcelona donde un juez le entregó la citación del Tribunal Supremo para que declarara ante el juez. Ponsatí volvió a España tras la reforma del Código Penal que eliminó el delito de sedición y rebajó el de malversación. En su caso, la reforma propició que sólo se interesara su declaración por un delito de desobediencia, cargo que en España no implica pena de prisión.
Ponsatí montó en colaboración con su letrado, Gonzalo Boye, un show mediático, dijo sentirse reprimida por el Estado mientras que su abogado acusaba a los Mossos de detención ilegal porque a su juicio no se puede detener a nadie sobre el que no pesan cargos que supongan penas privativas de libertad. Llarena la citó para el 24 de abril, pero Ponsatí, que el día antes había participado en la festividad de San Jorge en Cataluña y se había dejado ver en el centro de Barcelona, no acudió a Madrid. En su lugar, se fue de España aduciendo que por la tarde de ese lunes debía estar presente en una comisión del Parlamento europeo.
En su orden de detención, Llarena argumenta que el propósito es "tomarle declaración indagatoria" y que la orden "puede dejarse sin efecto si la procesada, una vez conocida esta decisión por su notificación a las partes, comparece de forma voluntaria y personal ante el instructor". De esta manera, Llarena le señala a Ponsatí el camino que siguieron la cupera Anna Gabriel y la actual consejera de Exteriores del gobierno catalán, la republicana Meritxell Serret, también procesadas por desobediencia.
Las excusas de Ponsatí
En su escrito, Llarena señala que la citación era por la mañana del 24 de abril y que la comisión del Parlamento europeo era por la tarde, por lo que la procesada podría haber podido cumplir con las dos citas. También apunta que "la defensa tuvo un amplio margen para advertir a este instructor de las dificultades de la investigada para atender sus responsabilidades políticas y solicitar el reajuste en la citación que considerara preciso". Lejos de eso, Ponsatí se pavoneó diciendo que no sabía si iría al Supremo para luego alegar que su presencia en la cámara europea era indispensable.
Llarena destaca que la defensa de Ponsatí se limitó a presentar un escrito ante el Supremo y que ni siquiera aludía a la posibilidad de declarar por videoconferencia. Por ello apunta que las "funciones parlamentarias no son sin una la excusa de una nueva desatención de sus obligaciones procesales".
De este modo, Ponsatí puede ser detenida si vuelve a pisar suelo español, salvo que exprese de manera inequívoca que está dispuesta a comparecer de manera voluntaria ante el juez Llarena.


