La ley electoral española prevé que siete días antes de la celebración de unas elecciones deje de ser legal publicar encuestas. Es una medida casi decimonónica y sin ningún sentido en la sociedad actual, pero aún así dos líderes políticos tan distantes como Santiago Abascal y Pedro Sánchez han criticado los sondeos que publican los medios de comunicación y el primero incluso ha abogado este pasado lunes por hacer más extensa esa prohibición en lugar de eliminarla.
Es un disparate sólo comparable a que Pedro Sánchez, responsable de que el CIS se haya convertido en una agencia de manipulación y orientación del voto al servicio del PSOE y sufragada con dinero público, diga que las encuestas de empresas privadas buscan hacer justo lo que hace Tezanos en el centro público.
La encuestas son una herramienta más para que el ciudadano pueda participar en la vida política y votar con el máximo de información posible, lo que sin duda es lo deseable en cualquier democracia sana. Poner barreras a esa información es propio de aquellos que pretenden tener un cuerpo electoral lo más manipulable posible.
Por supuesto que hay encuestas que se hacen con la intención de manipular a los votantes – las de Tezanos, sin ir más lejos – pero del conjunto de estudios sociológicos se puede obtener una información que incluso puede ser clave para la decisión de muchos votantes. Por ejemplo, en estas elecciones un ciudadano que quiera maximizar con su voto los resultados de la derecha o de la izquierda podría, con una buenas encuestas, saber si en su provincia puede votar a un partido o a otro para obtener ese fin.