Nueva muestra del rechazo de los jueces al acuerdo suscrito por el PSOE y Junts en el que se alude a una supuesta "guerra judicial" contra el independentismo y a la práctica del "lawfare". Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la junta de jueces y juezas de instrucción de Barcelona se ha reunido este jueves y "se ha votado por mayoría refrendar la decisión de la juez decana de Barcelona de adherirse al comunicado emitido por las asociaciones judiciales el pasado 9 de noviembre".
— TSJCat (@tsj_cat) November 16, 2023
Ese día, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y la asociación Foro Judicial Independiente emitieron un comunicado conjunto en el que señalaban que "ante el documento suscrito por PSOE y Junts para facilitar la investidura, las asociaciones judiciales firmantes mostramos nuestro rechazo por las referencias al "lawfare o judicialización de la política" y sus consecuencias. El texto del acuerdo alcanzado contiene explícitas referencias a la posibilidad de desarrollar comisiones de investigación en sede parlamentaria a fin de determinar la presencia de situaciones de judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso pudieran dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas".
El TSJC informa de que a la reunión de la junta han asistido 24 de los 33 jueces y juezas de instrucción y el resultado de la votación ha sido de 21 votos a favor, sólo 1 en contra y 2 abstenciones.
En el comunicado emitido por todas las asociaciones judiciales, incluido Jueces y Juezas por la Democracia, y al que se adhieren ahora los jueces de instrucción barceloneses se indicaba además que el establecimiento de comisiones de investigación sobre supuestos caso de persecución judicial "podría suponer, en la práctica, someter a revisión parlamentaria los procedimientos y decisiones judiciales con evidente intromisión en la independencia judicial y quiebra de la separación de poderes. Los jueces han de estar sometidos únicamente al imperio de la ley, puesto que así lo establece expresamente el artículo 117.1 de la Constitución".
También se decía que "estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables. El Poder Judicial en España es independiente, no actúa sometido a presiones políticas y dispone de un sistema de garantías jurisdiccionales que aparta el riesgo que se apunta".