Carles Puigdemont ha suscitado un consenso entre todos aquellos que le han tratado. De izquierda a derecha, del separatismo al constitucionalismo, todos coinciden en un adjetivo: "Imprevisible". Lo decían los de ERC, los del PSC, los del PP y también los Comunes de Ada Colau. En Moncloa estaban advertidos. Pedro Sánchez empezó a entenderlo durante las negociaciones para formar Gobierno y lo sufre en cada votación.
Todo puede cambiar en cuestión de minutos. Cuando en Moncloa creen que tienen amarrado un resultado, siempre puede llegar un giro de guion, una nueva exigencia en forma de ultimátum. Pasó con los decretos que sacaron de manera pírrica y ha vuelto a pasar ahora con la ley de amnistía.
En el PSOE creían este fin de semana que su norma iba a salir sin muchos problemas. Hasta en ERC, donde compartieron Gobierno con el prófugo, estaban confiados y el propio presidente de la formación, Oriol Junqueras, decidió que lo mejor era venirse a Madrid, para ver desde la tribuna de invitados del Congreso cómo salía adelante la ley que levantará su inhabilitación.
El PSOE se planta
Todo cambió el lunes cuando el juez de Instrucción número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, prorrogaba la causa Voloh. Junts respondía pidiendo blindar a Puigdemont del delito de "alta traición" y ampliar aún más el concepto de terrorismo.
"Es algo que siempre les ha rondado", reconocen en el PSOE donde justifican su decisión de, esta ocasión, no ceder ante los separatistas porque habría dado razones al Tribunal Constitucional para tumbar la norma. Los contactos con los separatistas continuaron hasta el martes pero los de Puigdemont "no se bajaban". A primera hora de la tarde, en el PSOE ya asumían que la votación "pintaba mal" y que lo más probable es que la norma volviese a la Comisión.
Durante la sesión parlamentaria, se sucedían las reuniones de urgencia en la sala de Gobierno del Congreso de los Diputados. Allí, se refugiaba Pedro Sánchez, quien sólo salía para votar en contra de las enmiendas "vivas" de Junts. El presidente del Gobierno estaba en estrecho contacto con el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán. Por allí también iban desfilando el resto de ministros.
La consigna oficial es que no va a haber más cambios y que cualquier modificación supondría que la norma sería tumbada por el Tribunal de Garantías. "Queremos una ley que sea constitucional porque creemos en ella", justifican en Ferraz.
En Moncloa asumen que "el PSOE no tiene margen" y lanzan la pelota al tejado de Junts. En la formación separatista confían en que los socialistas "se lo piensen" durante "estos quince días" y acepten alguna enmienda transaccional, pactada entre los de Sánchez y Puigdemont.
Riesgo de ingobernabilidad
El nuevo calendario trastoca todo el plan de Sánchez. La vuelta a la Comisión de Justicia significa que la amnistía volverá a debatirse en plena campaña de las elecciones gallegas. Más tocado queda el plan del Gobierno para sacar los Presupuestos, la ley más importante de cada año.
"Vamos a ver por dónde respiran", reconocen en el núcleo duro del Ejecutivo donde volverán a intentar contactar con los de Puigdemont para tratar de cerrar las cuentas pero ya asumen que será muy complicado. Junts no quiere pagos por adelantado. Primero, quieren ver cómo la amnistía sale adelante en el Congreso y, más tarde, ya se abrirían a un pacto presupuestario.
En Ferraz ya reconocen que no sería descabellada una prórroga presupuestaria pese a que esto dejaría al Gobierno en una situación muy precaria. En 2019, Sánchez decidió adelantar las elecciones porque le habían tumbado las cuentas. Ahora, podría vivir un revés similar en los primeros Presupuestos de esta nueva legislatura pero en Moncloa alejan cualquier tipo de posibilidad de un adelanto electoral.
Sánchez no se rinde
"El presidente va p´alante", reconocen en el núcleo duro del Gobierno donde asumen que están ante un "revés" pero que esto no significa el fin de la legislatura. "Nos quedan tres años y medio", afirmaba Félix Bolaños a la salida del Congreso, pero lo cierto es que, de momento, la hoja legislativa no puede ser más paupérrima: dos decretos sacados por la mínima y la ley que condicionará cualquier tipo de apoyo está varada. Tampoco se esperan más normas.
La confianza inusitada que mostraba Bolaños no convencía ni a sus socios. Los partidos pro-gubernamentales hablan de un Ejecutivo "precario" mientras crecen los recelos entre los partidos que auparon a Sánchez. Un ejemplo: antes del pleno, uno de los diputados de ERC, visiblemente nervioso viendo cómo Junts iba a tumbar la ley, aseguraba: "Si lo sé, no vengo". Su enfado con los de Puigdemont también se extendía al PSOE: "Siempre han sido un poco lentitos". Ahora tienen quince días para procesar lo que se les viene.