Carlos Cuesta, Sandra León y Raúl Vilas comentan que la mayoría izquierdista del Tribunal Constitucional que lidera Cándido Conde-Pumpido emplea un comodín para boicotear sistemáticamente las sentencias del Tribunal Supremo: "La vulneración del derecho a la legalidad penal".
Este concepto jurídico ha sido invocado por el Tribunal de Garantías, entre otros casos, para ejecutar la amnistía encubierta de los dirigentes socialistas condenados por el caso de los ERE de Andalucía o para exonerar al exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, tras ser condenado por la Sala Penal del Supremo por patear un policía.