En un reciente análisis económico de El Programa de Cuesta, emitido en Libertad Digital, Beatriz García expone el impacto negativo de las políticas de subsidios del Gobierno en el mercado laboral y las cuentas públicas. Mientras la ministra de Trabajo promete una reducción de la jornada laboral bajo el lema de trabajar menos, la realidad de la Seguridad Social revela una situación crítica, con una deuda de 136.000 millones de euros. Lejos de fomentar la creación de empleo y la autosuficiencia de los ciudadanos, el Ejecutivo parece centrado en diseñar una red de ayudas que desincentiva el esfuerzo y empuja a la inactividad.
El principal foco de atención es el polémico subsidio para mayores de 52 años, una ayuda asistencial que fue modificada sustancialmente en 2019 bajo el mandato de Pedro Sánchez, con Magdalena Valerio al frente de la cartera de Trabajo antes de la llegada de Yolanda Díaz. Con la reforma, el Gobierno no solo rebajó la edad de acceso de los 55 a los 52 años, sino que eliminó el requisito de evaluar la renta familiar, pasando a considerar únicamente la renta individual del solicitante. Esto permite que personas que conviven en hogares con ingresos elevados puedan percibir la ayuda estatal, desvirtuando el carácter de necesidad del subsidio.
Además, la reforma introdujo una medida altamente perjudicial para el sistema de pensiones: el incremento de la cotización por jubilación que el SEPE realiza en nombre del beneficiario. El Estado ha elevado esta base de cotización del 100% al 125% del salario mínimo interprofesional (SMI). De este modo, los contribuyentes españoles financian unas cotizaciones sociales elevadas para personas que no trabajan, garantizándoles una pensión futura mayor sin haber aportado activamente al sistema productivo durante sus últimos años de vida laboral.