Las averías e incidentes en la red ferroviaria se han sucedido en los últimos meses sin que el Ministerio de Transportes haya conseguido darle un vuelco a los constantes retrasos en Aves y cercanías. Una situación que se ha agravado por los cortes causados por la Dana y por el descarrilamiento de un nuevo tren este mismo jueves con mercancía peligrosa al llegar a la localidad de Matillas, en Guadalajara, lo que ha interrumpido el tráfico ferroviario de la línea convencional Madrid-Zaragoza-Barcelona en ambos sentidos.
Estos nuevos cortes en la red ferroviaria resaltan aún más que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez aprobara este martes en Consejo de Ministros la celebración de varios contratos y ayudas, pero ninguna de ellas para el tren. Entre estas, destaca la aprobación de una inversión de 7 millones de euros por el procedimiento de "emergencia" para mejorar la acogida de inmigrantes en las Islas Canarias y la celebración de diferentes contratos del Ministerio de Transportes valorados en más de 127 millones de euros, de los cuales ninguno atendía a inversiones en la red ferroviaria española.
En concreto, a propuesta del Ministerio del Interior, se ha aprobado la inversión de 7.422.587 euros para la contratación de las obras, suministros y servicios necesarios para atender la llegada "sostenida" de los inmigrantes que desembarcan a través de cayucos o ayudados por diferentes ONGs en las costas de Canarias. Una aportación que, según se desprende en las mismas referencias del Consejo, está destinada en su mayoría a Fuerteventura y Tenerife, siendo estas islas las que habrían mostrado más necesidad de la misma.
La inversión se encuentra destinada a dotar a Fuerteventura con un centro de atención temporal de extranjeros (CATE) con capacidad para 600 personas, mientras que se dispondrá de unas nuevas instalaciones modulares en Tenerife que serán instaladas en territorios del Ministerio del Interior ante la insuficiencia de las instalaciones actuales y que aumentará la capacidad de atención en la isla en 350 personas. Estos CATE son utilizados por las autoridades para alojar a los inmigrantes mientras se realizan las primeras actuaciones policiales, con un tiempo máximo de estancia de 72 horas.
127 millones para carreteras
Por su parte, la cartera que dirige Óscar Puente ha aprobado la celebración de seis contratos diferentes con materia de movilidad enfocados a distintos tramos de las carreteras españolas. Sin embargo, el mismo día en el que ha descarrilado un tren de alta velocidad (AVE) que viajaba entre Málaga y Madrid con 291 viajeros a bordo, el Ministerio de Transportes no ha aprobado la celebración de ningún contrato enfocado al mantenimiento o la mejora de la red ferroviaria española.
En este sentido, el contrato de más valor que ha aprobado el Ejecutivo en torno al Ministerio de Transportes ha sido el referente a la conservación de las carreteras de la provincia de Granada. Este tiene un importe de 37,1 millones de euros —a lo que habría que incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)— y tiene una duración de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años y otra adicional de un máximo de nueve meses.
Estas inversiones contrastan con la falta de dotaciones para el mantenimiento de la red ferroviaria española en una semana en la que se siguen sucediendo los fallos en la misma. De hecho, hace tan sólo diez días que los cercanías de la capital quedasen paralizados creando un caos ferroviario por la presencia de una persona no autorizada en la pasarela superior de la estación de Atocha que se podría deber a un intento de suicidio.
La nueva protección del informante
En otro orden de cosas, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Colaboración con las Cortes ha proseguido con la legislación necesaria para cumplir su nuevo plan de medios incluido en el Plan de Regeneración Democrática anunciado por Sánchez después de que se tomara cinco días para decidir si seguía al frente del Ejecutivo. Así, se establece la formación de una autoridad que estará integrada por una Presidencia y una Comisión Consultiva, así como un Departamento de Protección del Informante, un Departamento de Seguimiento y Régimen sancionador, y una Gerencia.
Según se desprende en las mismas fuentes, el Gobierno ha aprobado este real decreto por el que dota a España "de un marco normativo e institucional en la lucha contra la corrupción y en la protección de quienes informan sobre infracciones que afectan el interés general". Todo ello, mediante la creación de un organismo que, "sin perjuicio de su independencia", estará adscrito al Ministerio que dirige Félix Bolaños.
Balnearios para el Imserso
El Consejo de Ministros también ha aprobado la contratación del Programa de Termalismo del Imserso para el año 2025. El programa, al que se le han destinado más de 34 millones de euros, fue creado en 1989 y tiene el objetivo de promover el "envejecimiento activo" entre aquellas personas que puedan acogerse a los distintos beneficios del Imserso, que podrán asistir a balnearios para recibir tratamientos rehabilitadores y preventivos.
Este programa ofrece más de 190.000 plazas para pensionistas en 84 balnearios de toda España. Para ello se ha aumentado en dos millones de euros la inversión para este programa respecto al pasado año. Un contrato que, según señala el Gobierno, contempla la posibilidad de prórroga por un año adicional para asegurar su viabilidad para los dos próximos años.