Después de conseguir el respaldo de Junts al Decreto ómnibus, reconvertido ahora en un "minibús", el Gobierno trata de restablecer los puentes con Junts y cumplir la lista de exigencias de Carles Puigdemont. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha ido a la emisora cabecera del separatismo, RAC1, donde ha afirmado que el traspaso de las competencias de inmigración está "bastante avanzado" aunque todavía "no hay un acuerdo total". "No terminamos de encontrar un punto de equilibrio", ha admitido aunque ha pedido discreción en las negociaciones.
No ha querido aclarar más aunque se sabe que las diferencias son en torno al control de fronteras. El Gobierno central defiende que sea una competencia nacional y recuerda que el Frontex comunitario es la encargada de gestionar la seguridad de las fronteras exteriores de la Unión Europea y sólo se coordina con los Estados miembros. Fuentes del Gobierno sí han admitido la posibilidad de ceder el control de pasaportes en el aeropuerto del Prat a los Mossos, aunque en coordinación con la Policía Nacional.
Lo que parece seguro es que el resto de competencias como políticas laborales, de inserción o sociales serían transferidas. En Junts ya han expresado en alguna ocasión su deseo de exigir que se aprendan las costumbres catalanas y la lengua a los inmigrantes que llegan a Cataluña. Un discurso que han endurecido desde la aparición de Aliança Catalana, el nuevo partido separatista, comandado por Silvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, y que tiene un discurso abiertamente islamófobo.
Estas negociaciones con Junts para cerrar el traspaso de las competencias de inmigración a Cataluña allanaría el respaldo a los Presupuestos. "Los acuerdos llaman a acuerdos, la confianza que se va generando hace que sea más fácil conseguir otros acuerdos", ha terciado Bolaños sobre unos Presupuestos para los que Junts exige que antes se cierre el traspaso de competencias de inmigración. Un acuerdo que lleva pendiente desde hace más de un año cuando puso esta exigencia a cambio de convalidar una serie de Reales Decretos en enero del 2024.
El Gobierno sigue todavía sin aprobar el techo de gasto, paso previo para dar luz verde a los Presupuestos, que lleva congelado desde hace varios meses ya que Junts no quiere respaldarlo, aunque Moncloa no cierra la puerta a introducir cambios en la senda de déficit para conseguir el beneplácito de Puigdemont. Si Sánchez consigue sacar las cuentas de 2025, tendría carrete para llegar a 2027 ya que podría ir a una prórroga en 2026 y no sería descabellado que luego las repitiese.
El regreso de Puigdemont y la amnistía
En lo que el ministro de Presidencia no se ha querido pronunciar es sobre el hipotético regreso de Puigdemont. Bolaños ha lanzado balones fuera y ha asegurado que la aplicación de la ley de amnistía no le corresponde al Gobierno sino a los jueces.
También ha esquivado las preguntas del entrevistador de RAC1 que ha lamentado que la norma se haya aplicado antes a los policías que a los políticos fugados. "Lo que espero es que la ley se vaya tramitando por los distintos juzgados y, al final, se aplique a todos los beneficiarios, a todas las personas que participaron en el procés", ha afirmado.
