Podemos ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez un par de gestos de cara al colectivo musulmán en Ceuta. La primera, que se recuperen los apellidos musulmanes de los ceutís. La segunda, que se "reconozca" como "error histórico" la "nacionalización de los años ochenta" y que se les "repare la injusticia".
Podemos mira hacia el voto musulmán en Ceuta. Acaba de exigir a Pedro Sánchez "impulsar, con carácter prioritario, las modificaciones oportunas de la normativa del Registro Civil para establecer un procedimiento extraordinario que permita, de manera colectiva, a las familias ceutíes de origen musulmán recuperar sus apellidos originales". También, "garantizar los recursos administrativos y humanos necesarios para que este procedimiento sea accesible, ágil y gratuito para las personas afectadas".
Podemos quiere igualmente que se reconozca "públicamente el error histórico cometido durante el proceso de nacionalización de los años ochenta, así como el compromiso del Estado con la reparación de esta injusticia". E "informar periódicamente al Congreso de los Diputados sobre los avances realizados en el cumplimiento de esta medida".
Los apellidos originales de estas familias fueron sustituidos
Podemos afirma que en los años ochenta "miles de personas ceutíes de origen musulmán, pertenecientes mayoritariamente a la población de origen arabobereber, dejaron de ser apátridas en su propia tierra y obtuvieron la nacionalidad española. Este proceso de regularización administrativa, pese a ser un paso adelante fruto de la lucha por unos derechos civiles de los que no disfrutaban, fue acompañado de una medida que, no obstante, implicó una grave pérdida de identidad: la imposición de nombres propios masculinos como apellidos".
Podemos señala que, "de esta forma, los apellidos originales de estas familias fueron sustituidos por los nombres de pila del padre y del abuelo paterno, lo que dio lugar a nombres como Mohamed Mohamed Mohamed, Fátima Mustafa Ahmed o Saida Abdelkader Mohamed". "Se consolidaba así una práctica discriminatoria que, desde tiempo atrás, ya venía sufriendo el colectivo musulmán ceutí de manera extraoficial", afirman los comunistas.
"La pérdida de una parte fundamental de la identidad familiar y cultural de esta población constituye una humillación que ha perdurado hasta nuestros días. Y que debe terminar. Por ello, en febrero de 2016, el Pleno de la Asamblea de Ceuta aprobó por unanimidad instar al Gobierno de España a modificar la normativa del Registro Civil para permitir que estas familias pudieran recuperar sus apellidos originales a través de un procedimiento colectivo y extraordinario. Sin embargo, ocho años después, este compromiso político sigue sin cumplirse, dejando a miles de personas en una situación de discriminación simbólica y material".
Acuerdo entre el Gobierno del PSOE y los líderes de Ceuta y Melilla
Podemos invoca el artículo 50 de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, que "reconoce que toda persona tiene derecho a un nombre y apellidos que la identifiquen. Sin embargo el procedimiento vigente para modificar apellidos impone barreras individuales y administrativas que dificultan enormemente el acceso a esta reparación. En este contexto, la aprobación de un proceso colectivo de regularización resulta esencial para saldar esta deuda de dignidad y justicia histórica", afirma el partido de Ione Belarra.
Por ello, Podemos considera que deben recuperarse "los apellidos perdidos" porque "no sólo supone la devolución de la identidad para las familias afectadas, sino también el reconocimiento de una injusticia colectiva que la administración española tiene el deber de reparar. Esta propuesta no es solo una cuestión administrativa, sino también un acto de justicia histórica hacia una comunidad que ha sufrido una discriminación estructural durante décadas".
Lo que no explica Podemos es que todo lo que cita fue fruto de un acuerdo entre el Gobierno español en manos del PSOE y los líderes de las comunidades musulmanas de Ceuta y Melilla. El acuerdo se cerró el 11 de febrero de 1986, bajo la dirección del Ministerio del Interior de José Barrionuevo, y tras una reunión en Madrid con los representantes de los colectivos musulmanes de Ceuta y Melilla, Aornar Dudú y Ahmed Subaire, para negociar la aplicación de la ley de extranjería, que entraba en vigor el 1 de marzo de ese mismo año. Y allí se firmó un histórico pacto que reconoció el derecho a la nacionalidad española de miles de ciudadanos musulmanes arraigados en las dos ciudades autónomas.