Álvaro García Ortiz podrá ser juzgado sin renunciar a ser fiscal general del Estado pero antes deberá suspender cautelarmente de su cargo a la fiscal jefe provincial de Madrid Pilar Rodríguez. Ambos son investigados en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Por eso, el Consejo de Ministros ha presentado este martes una reforma con el supuesto objetivo de "reforzar la independencia del Ministerio Fiscal" y responder a las "reiteradas recomendaciones" de la Comisión Europea y del Consejo de Europa. Con la reforma, el mandato del fiscal general del Estado será de cinco años y dejará de coincidir con el del Ejecutivo. Además, no será renovable, salvo que el titular haya ocupado el cargo menos de un año, y en el caso de cese anticipado, el nuevo jefe de la Fiscalía completará el tiempo restante del mandato anterior. Según el ministro de Justicia, Félix Bolaños, la reforma no afectará al actual fiscal general Álvaro García Ortiz, si no al próximo que se designe.