El Gobierno se ha lanzado a una carrera de acusación velada -y no tan velada- al Tribunal Supremo por una supuesta -y falsa- prevaricación en el caso del fiscal general. Distintos miembros del Ejecutivo de Sánchez no llegan a decir la palabra "prevaricación" tal cual, pero hablan de una ausencia de indicios delictivos en el auto del magistrado Hurtado por el que se exige el procesamiento de Álvaro García Ortiz. Y, puesto que es impensable que un magistrado del Supremo desconozca la ley, sólo que la opción de que están acusando al alto tribunal de prevaricación. Lo cierto es que el Gobierno miente y omite los cuatro flancos probatorios que incorpora el auto del magistrado Hurtado. Cuatro que se resumen a continuación y demuestran que no existe prevaricación alguna y si una carga de indicios delictivos obvia y evidente.
El fiscal general inició la cadena de filtraciones
El primer bloque viene precedido de la siguiente afirmación: "A nivel indiciario, propio del momento procesal en que se encuentra la causa, a juicio de este Instructor, cabe presumir que: A raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno y aprovechando información publicada en el diario El Mundo, a las 21:29 horas del día 13 de marzo de 2024, titulada «la fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita dos delitos fiscales», Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, y conociendo que se trataba del ciudadano Alberto González Amador, pareja de la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con la finalidad de ganar el relato a esa información por parte de la Fiscalía, sobre una cuestión de tan escasa relevancia como de quién había surgido la iniciativa para llegar a un acuerdo en un pacto de conformidad penal, entró en una dinámica de un frenético intercambio de comunicaciones entre distintos fiscales, principalmente a través del sistema de mensajería mediante WhatsApp, para preparar una respuesta, y dejar bien claro que, a juicio del investigado, la Fiscalía no había ofrecido ningún pacto de tal tipo".
Pues bien, eso queda demostrado porque "dichas comunicaciones comenzaron con una conversación telefónica mantenida con la Fiscal Jefe Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez Fernández, minutos después de las 21:29 horas, tras la cual, ésta realizó un par de llamadas telefónicas al Fiscal encargado del caso, Julián Salto Torres, para solicitarle, por encargo del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que le remitiera inmediatamente los correos electrónicos intercambiados entre él y el letrado de Alberto González Amador". Es decir, que quien ordenó iniciar la cadena de filtraciones fue el fiscal general. ¿Con qué motivo?" "Iban a hacer una nota para desmentir una información que estaba circulando por las redes, lo que así hizo, y, una vez recibidos, los remitió al Fiscal General del Estado, entre cuyos correos se encontraba uno de 2 de febrero de 2024, a las 12:45 horas, que le había enviado el letrado al Fiscal del caso, como asunto «Propuesta de conformidad penal en relación con un delito contra la Hacienda Pública»", señala el auto. Esos mensajes y esa nota de prensa, por lo tanto, ya llevaban materia secreta que no se debía haber desvelado y que se pasó para "acabar facilitándolo a un medio, como la cadena SER, para que le diera publicidad, conscientes ambos de que revelaría El Confidencial contenido de ese correo de 2 de febrero de 2024". Solamente este punto ya justificaría el procesamiento del fiscal general por las filtraciones. Pero hay más.
Divulgación de una nota con material confidencial
Dos: en segundo lugar, "Inmediatamente a continuación de la publicación de esta información y en unidad de acto con ella, con la documentación que ya tenía en sus manos Álvaro García Ortiz, proporcionada por María Pilar Rodríguez Fernández, se puso en marcha para ir confeccionando el referido comunicado, que lo hizo en forma de nota, donde se incorporaba información, además de otros, del referido correo de 2 de febrero de 2024, y, cuando el borrador lo tuvo terminado, se lo remitió a María Pilar Rodríguez Fernández, quien, conocedora de su contenido, le dio el visto bueno, sin oposición alguna a su publicación, que apareció con el membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid, de la que ella era jefa, sobre las 10:20 horas del día 14 de marzo de 2024". De nuevo, la nota incorporaba material confidencial divulgado por orden del Fiscal General.
El Gobierno ordenó las filtraciones
Tres: las "indicaciones de Presidencia". Efectivamente se identifica a una persona de Presidencia. Pilar Sánchez Acera: "Paralelamente, desde Fiscalía General del Estado, y antes de que hubiera tenido difusión por otros medios el correo de 2 de febrero de 2024, se envió copia de él a Pilar Sánchez Acera, directora de Gabinete del Secretario de Estado, director del Gabinete del Presidente del Gobierno, quien hizo uso de él, dando instrucciones a Juan Lobato Gandarias-Sánchez, portavoz del grupo parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, para que lo exhibiese en su intervención en la sesión del día 14 de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, en contra de la Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso". ¿Por qué lo enviaría Fiscalía a Presidencia? Es complicado pensar que fuese por otra cosa que porque tenía instrucciones -indicaciones- previas de enviarle todo el material que afectase a este caso. Y ese es un indicio penal evidente.
Material utilizado en contra de Ayuso
Cuatro: "Todo ello fue asumido por los investigados, desde el momento que, a una información confidencial de la que tuvieron conocimiento por razón de sus respectivos cargos como fiscales, le dan una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzó, al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida". El material confidencial ha sido usado sin cesar por Presidencia del Gobierno contra Ayuso. Presumir que no "asumieron" los investigados ese plan y que, por lo tanto, no había indicaciones políticas de Presidencia, llevaría a pensar que en la cúpula de la Fiscalía hay un grupo de personas dispuestas delinquir contra quien sea y como sea, cuando lo cierto es que este caso se ha dado con la pareja de Isabel Díaz Ayuso: el objetivo prioritario de quien asegura que la Fiscalía "depende" de él.