Por primera vez en la historia de nuestra democracia, el Fiscal General del Estado asistirá a un juicio desde el lugar reservado a los presuntos delincuentes, otro hito en el largo camino de degradación de la vida pública que hay que atribuir a Sánchez por méritos propios. El auto de apertura de juicio oral contra Álvaro García Ortiz, que lo acerca irremediablemente al banquillo de los acusados, representa por sí mismo la corrupción sistémica de las instituciones emprendida por el sanchismo y la utilización perversa de las prerrogativas del Estado al servicio de los intereses particulares de un personaje sin escrúpulos y su partido.
El auto del magistrado del Supremo Ángel Hurtado explica con todo detalle la operación puesta en marcha por García Ortiz para atacar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, convertida en la bestia negra de la izquierda española, a cuenta de las negociaciones del abogado de su pareja para saldar una deuda tributaria.
En dicho auto se da cuenta pormenorizada del tracto sucesivo de los hechos que rodearon la publicación de un correo privado entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal del caso. En su virtud, el Supremo considera acreditado que García Ortiz, a través de la Fiscal Provincial de Madrid, se hizo con "información sensible relativa a aspectos y datos personales de un ciudadano, que habían sido aportados con vistas y a los efectos de un ulterior proceso penal, en el curso de unas conversaciones privadas entre su letrado y el fiscal encargado del caso". El juez añade que "la filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución", algo que "fue asumido por los investigados, desde el momento que, a una información confidencial de la que tuvieron conocimiento por razón de sus respectivos cargos como fiscales, le dan una publicidad que no debió alcanzar, como alcanzó, al salir del ámbito de reserva para el que fue concebida".
Un aspecto fundamental recogido en el referido auto, que añade gravedad a la conducta del Fiscal General, es que la filtración a la prensa gubernamental del mensaje del abogado de la pareja de Díaz Ayuso ordenada por García Ortiz se produjo "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno". Ese importante matiz convierte al todavía jefe de la Fiscalía española en un pelele al servicio de Sánchez y su camarilla, cuyas órdenes siguió a rajatabla a riesgo de acabar procesado, como finalmente ha acabado ocurriendo.
Es inaudito que un jurista encumbrado a las más altas magistraturas se deje pisotear de manera tan obscena como lo está haciendo Álvaro García Ortiz. Mucho más si el esperpento se produce estando al frente de la Fiscalía General del Estado, una institución cuyo deterioro es ya definitivo.
Los esbirros de Sánchez no dimiten, como hemos visto ya en tantas ocasiones, pero la imagen de García Ortiz en el banquillo de los acusados, a merced de sus subordinados en el Ministerio Público, será la de la voladura descontrolada de uno de los pilares del Estado de Derecho, que servirá a las próximas generaciones para recordar a qué extremos de ignominia llevó a España el sanchismo.