La presidenta de Navarra, María Chivite, ha afirmado que el informe de la UCO —que apunta que Santos Cerdán y Koldo García obtuvieron presuntamente comisiones de la consecución de obras en Navarra antes de dar ambos el salto a Madrid— no habla de "indicios de delito en ninguna de las adjudicaciones que haya hecho la Administración foral". No obstante, ha asegurado que el Ejecutivo está enfocado en "despejar cualquier tipo de sombra de duda que haya" sobre dichos contratos.
En este sentido, Chivite ha añadido: "Yo he leído el informe, y en el informe que hace la UCO no halla indicios de delito en ninguna de las adjudicaciones del Gobierno de Navarra, que haya hecho la Administración foral". Asimismo, ha explicado que, en todo caso, en dicho informe aparecen empresas con las que el Gobierno ha tenido relación, y se menciona concretamente una obra pública, que es el Navarra Arena.
Además, ha detallado que el informe también hace referencia a cuestiones privadas de una empresa como Geoalcali, que también ha tenido tramitación con el Gobierno. Sin embargo, ha puntualizado que se trata de "tramitaciones administrativas, no contratos públicos", subrayando que "son dos cosas absolutamente diferentes".
Respecto al proyecto de Geoalcali, Chivite ha señalado que, según explicó, este no forma parte de las adjudicaciones públicas, ya que se ha tramitado como expediente técnico, medioambiental y urbanístico. En concreto, ha precisado que ha superado más de 40 permisos administrativos, 15 exposiciones públicas, 80 informes técnicos y más de 1.200 alegaciones desde 2012.
Auditorías
Por otra parte, y con el objetivo de "despejar cualquier tipo de duda" sobre las adjudicaciones públicas, el Gobierno de Navarra ha puesto en marcha varias medidas. En primer lugar, ha encargado a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción que analice todas las adjudicaciones realizadas a las empresas mencionadas en el informe, como Acciona y Servinabar.
En segundo lugar, ha solicitado al Parlamento de Navarra que traslade a la Cámara de Comptos la fiscalización de dichas adjudicaciones, ya que el Ejecutivo no tiene potestad directa para hacerlo. Por último, ha anunciado una auditoría externa sobre los contratos, que está pendiente de determinar si se tramitará como contrato menor o mediante licitación pública, dependiendo de si supera el umbral económico establecido (alrededor de 16.000 euros).
En cuanto a las adjudicaciones bajo revisión, el Ejecutivo foral ha identificado cinco obras públicas para ser analizadas. Estas son: la adecuación de las oficinas del pabellón Navarra Arena; la rehabilitación del antiguo Archivo de Navarra en el Palacio de Navarra; dos promociones de viviendas de protección oficial; y las obras del desdoblamiento de los túneles de Belate. Sobre esta última, ha precisado que solo será revisada por la Oficina de Buenas Prácticas, ya que la Cámara de Comptos ya la había fiscalizado anteriormente. Según Chivite, estas actuaciones "responden al interés del Gobierno por actuar con transparencia y ofrecer toda la colaboración que sea exigible".
Por último, en relación con Santos Cerdán, Chivite ha señalado que no ha vuelto a hablar con su "amigo" él desde el jueves anterior a su dimisión. En cuanto a una posible comisión de investigación en el Parlamento de Navarra, la presidenta ha indicado que esa decisión corresponde a los grupos parlamentarios, no al Gobierno foral. Desde el Ejecutivo, ha asegurado, se garantizará toda la información, colaboración y transparencia necesarias.