El proyecto de ley de información clasificada —llamado a reemplazar la Ley de Secretos Oficiales, tal y como exigía el PNV— ha reavivado las ya conocidas fricciones entre los ministerios de Presidencia y Defensa, y entre sus respectivos titulares: Félix Bolaños y Margarita Robles. El texto actual revela que será Presidencia, y no Defensa, quien asuma el control de la futura Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada, el núcleo operativo encargado de gestionar los documentos más sensibles del Estado.
En la actualidad, esta función depende del CNI, que concede las habilitaciones personales de seguridad necesarias para que individuos puedan acceder legalmente a información clasificada (por ejemplo, niveles "Confidencial", "Secreto" o "Alto Secreto"). Si la norma sale adelante, serán los subordinados de Bolaños quienes decreten qué documentos deben ser clasificados.
La decisión, tomada sin consenso pleno, ha generado malestar en el Gabinete de Pedro Sánchez y ha evidenciado las disputas de poder dentro del Ejecutivo. Según publicó El País, los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska; y Exteriores, José Manuel Albares, retiraron su firma como co-ponentes de la norma, tal y como figuraba en el primer borrador. Un Consejo de Ministros muy tenso que ahora nadie quiere comentar.
Una tensión que viene de lejos
La lucha entre Bolaños y Robles no es nueva ya que la ministra, que fue jueza del Supremo, siempre vio con recelos su ambición para asaltar Justicia, pese a ser abogado. En 2022, durante la crisis desatada tras destaparse el caso Pegasus —relacionado con el espionaje a miembros del Gobierno—, ambos chocaron por la responsabilidad en la seguridad de los móviles de Sánchez. En mayo de 2021, cuando se produce el hackeo al teléfono del presidente del Gobierno, Bolaños era secretario general de Presidencia. Según el BOE del 27 de enero de 2020, de él dependía "la asistencia en materia de administración económica, personal, mantenimiento y conservación, medios informáticos y de comunicaciones".
Un punto que Robles recordó en declaraciones públicas, defendiendo la necesidad de "buscar en las normas". Sin embargo, esta afirmación no gustó en Presidencia, desde donde replicaron citando el BOE del 19 de marzo de 2004, en el que se establece la creación del Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI y dependiente de Defensa. En el equipo de Bolaños recordaban que corre bajo su responsabilidad "la seguridad de los sistemas de las tecnología de la información de la Administración".
A partir de ahí, la trifulca se transformó en una batalla soterrada por el control del Centro Nacional de Inteligencia, tras revelarse que, durante el procés y ya con Sánchez en La Moncloa, se intervinieron los teléfonos de líderes separatistas. En el centro de la tormenta estaba Paz Esteban, entonces directora del CNI y persona de total confianza de Robles. Su destitución en mayo de 2022 fue leída como una victoria de Félix Bolaños, quien abanderó una estrategia de contención política con ERC, sacrificando a Esteban para calmar las aguas.
Enfrente, Margarita Robles defendió, hasta el último momento, a la directora, reivindicando la actuación legal y profesional del centro de inteligencia e interpretó el cese como una invasión de competencias por parte del núcleo monclovita. Aun así, logró que la sucesora fuese Esperanza Casteleiro, persona de la confianza de Defensa. Tras aquella batalla, llegó una calma tensa, que se ha mantenido hasta este 2025.
Hace unos meses, se dio a conocer los detalles del Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa con el que se pretenden rearmar a España. Entre las sorpresas, está la creación de un "Comité Nacional de Seguridad y Soberanía Tecnológica" que se encargará de encargar de coordinar el plan. Este organismo, de nueva creación, dependerá el Ministerio de Presidencia del Gobierno, es decir, de Félix Bolaños.
El órgano estará "integrado por los principales ministerios sectoriales con competencias en materia de defensa, industria, digitalización y tecnología, y por aquellas agencias públicas que operan o financian proyectos tecnológicos. O lo que es lo mismo: pone a la misma altura a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que al de Digitalización, Óscar López, y al de Industria, Jordi Hereu. Una nueva humillación para Robles que veía casi a al vez como en unos Whatsapps con Ábalos, Pedro Sánchez le llamaba "pájara".