El abogado Luis María Pardo, presidente de Iustitia Europa, ha intervenido en el programa La Noche de Cuesta de esRadio para analizar la situación judicial que rodea al caso Víctor de Aldama y el deterioro del Estado de Derecho en España.
Durante su intervención, Pardo ha denunciado que desde el Gobierno se estaría tratando de "asfixiar" a Aldama a través de subastas de sus bienes sin esperar resolución judicial ni coordinación con la Fiscalía. "Lo que se está haciendo, de manera espuria, es precisamente quitarle los recursos", ha señalado. Y ha añadido que se estarían valorando mal activos de alto valor, como coches de lujo, en un intento de debilitar su capacidad de defensa.
Una justicia desigual
En opinión del abogado, esta actuación refleja una deriva preocupante en la aplicación de la ley: "Si estuviéramos en un caso común, sin figuras como Begoña Gómez o el fiscal general del Estado implicadas, se aplicaría el rigor del Código Penal y estas personas acabarían siendo condenadas". Pardo ha advertido del riesgo de que acabe surgiendo una "doctrina Begoña", similar a otras sentencias polémicas del pasado, en la que hechos probados no conlleven consecuencias penales por falta de acusación del Ministerio Fiscal. "Esto enviaría un mensaje gravísimo a la ciudadanía y afectaría directamente a la seguridad jurídica".
Pardo también se ha referido a los audios de Koldo García, ya validados por la unidad de Criminalística de la Guardia Civil como auténticos, que revelarían una presunta trama de financiación ilegal vinculada con empresas estatales venezolanas como PDVSA : "Se acreditan conversaciones sobre cómo sacar dinero de Venezuela en dólares a través de exportaciones de hidrocarburos o aceite de soja", ha dicho el jurista, apuntando a vínculos entre esta operativa y figuras como Ábalos, Koldo, Aldama y hasta el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Finalmente, Pardo ha recordado que el principio de igualdad ante la ley no puede depender de si el acusado es "el marido de una alcaldesa o la esposa del presidente del Gobierno". En este sentido, ha insistido en que la justicia debe actuar con independencia y rigor: "No se puede generar una doctrina especial para quienes ostentan el poder".