El activista Luis Alvise Pérez recibió 100.000 euros en efectivo del empresario Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain. Este es un hecho reconocido por ambos; si bien CryptoSpain defiende que le entregó ese dinero para que el eurodiputado financiase su campaña electoral para los comicios europeos de junio de 2024 y la fundación de su Agrupación de Electores Se Acabó La Fiesta (SALF), y Alvise asegura que este pago se debe a una contratación por parte del empresario enmarcado en una campaña de comunicación. Esto sí, según dijo Alvise, significaría que, como mínimo, tiene que declarar el 21% del IVA de ese pago de 100.000 euros, algo que no hizo para no pagar a la "institución criminal" de Hacienda.
Por todo ello, el Tribunal Supremo (TS) ha pedido –con el apoyo de la Fiscalía— que la Eurocámara le retire la inmunidad que Alvise Pérez disfruta como miembro del Parlamento Europeo. De hecho, el activista sevillano justificó su candidatura a las europeas asegurando a sus seguidores que necesitaba la inmunidad del escaño para lanzar pruebas tales como documentos o audios que involucrarían, según dijo, a los máximos responsables del país en casos de corrupción. Un tema que ha quedado en el olvido para el dirigente de SALF.
El magistrado Sánchez Melgar ha pedido el suplicatorio por medio del presidente de la Sala Penal del TS, Andrés Martínez Arrieta, y de la presidenta del alto tribunal, Isabel Perelló. En la resolución, el juez encargado de la instrucción del caso explica que Alvise habría pedido el dinero a Romillo sin que quedase constancia legal de ello y que el empresario habría aceptado a cambio de "influencias y contactos derivados de su actuación como parlamentario europeo".
De ello, según explica el magistrado, han quedado varios mensajes en los que ha quedado patente el trato, tras el cual Alvise recogió el dinero en una bolsa y se los llevó a su casa en lugar de ingresarlo. Sánchez Melgar encontró "poco verosímil" la versión del líder de SALF durante su declaración voluntaria del pasado mes de junio, en la que Alvise defendió que había cobrado el dinero por una charla que ofreció en el Hipódromo de Madrid, aunque reconoció que, según él, parte del pago lo había destinado a "gastos y necesidades del partido político". Una versión que quedaría desmentida por los mensajes que intercambiaron el eurodiputado y CryptoSpain.
En este contexto, el Supremo cree que Alvise habría cometido un presunto delito electoral y otro de financiación ilegal, por lo que necesita el suplicatorio para continuar con su investigación, ya que debe suspender las pesquisas "salvo actuaciones urgentes que no comprometan los derechos esenciales salvaguardados del eurodiputado investigado". Melgar, además, alega que las circunstancias que investiga se dieron antes de que gozase de la inmunidad, por lo que cree el procedimiento judicial "no guarda relación alguna" con sus actividades en Bruselas.
El dudoso camino de Alvise en Bruselas
El líder de SALF consiguió irrumpir en el Parlamento Europeo en 2024 con tres eurodiputados, él y dos personas más; con los que anunció que se iba a adherirse al Grupo Parlamentario de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), que lidera la mandataria italiana, Giorgia Meloni. ECR se vio obligado a desmentir esta información aseverando que Alvise solo había realizado una solicitud para entrar en el grupo y, en septiembre de ese mismo año, ECR negó su entrada al comenzar el curso político.
Finalmente, unos meses más tarde, los dos eurodiputados de Pérez se enrolaron en el grupo, pero no él, que se encontraba ya acusado de haber recibido 100.000 euros de CryptoSpain para financiar su formación política. A pesar de afirmar que este movimiento era un logro, poco tiempo después se destapó la ruptura de relaciones entre él y los que habían sido sus dos subordinados. Pérez los acusó de haber sido "comprados" por un "lobby armamentístico" y ambos le interpusieron una demanda por acoso.
Estas dos –la demanda por acoso de los eurodiputados y la financiación irregular de su partido— no son las únicas causas que Alvise tiene abiertas en el Supremo; ya que este también se encuentra siendo investigado por la difusión de una fotografía que, según el líder de SALF, mostraba una prueba PCR –de detección del COVID-19— del exministro de Sanidad Salvador Illa. Al tiempo ha admitido que la fotografía era falsa, aunque afirma haberla difundido "sin mala fe". El cuarto caso abierto en el alto tribunal se debe a un presunto acoso en redes sociales a la fiscal delegada para delitos de odio en Valencia, Susana Gisbert.
Alvise presentó el pasado domingo 12 de octubre su partido a nivel nacional confirmando que se presentaría a las próximas elecciones generales.