Nuevo alarde de cinismo hipócrita del Gobierno de Pedro Sánchez, que celebra los cincuenta años de la muerte de Franco con una campaña titulada "La democracia es tu poder". ¿Y el ejemplo? La instalación por parte del Gobierno de una gran pancarta en la Gran Vía de Madrid con la frase "Poder posar un anunci en català enmig de la Gran Vía" ("Poder poner un anuncio en catalán en medio de la Gran Vía").
Sin embargo, hacer algo así en Cataluña no solo sería objeto de controversia, sino que quién tuviera tamaña osadía podría ser multado por la Generalidad, los ayuntamientos y las diputaciones. Por ejemplo, el año pasado la Generalidad sancionó a 206 empresas y comercios por no usar el catalán en sus rótulos, reclamos y comunicaciones. Debido a denuncias anónimas, Correos fue multada con 30.000 euros por tener carteles en español y no en catalán en una veintena de oficinas. El total recaudado fue de más de 400.000 euros.
Pero la práctica eliminación del español en la enseñanza y los intentos por hacer lo mismo en ámbitos como el sanitario no impiden que el Gobierno de Pedro Sánchez presuma de que ahora todos los niños pueden estudiar en su lengua materna, salvo que esa sea el español y los niños vivan en Cataluña.
En otra prueba de sumisión a sus socios separatistas, el Gobierno pretende además poner en valor los derechos lingüísticos de los ciudadanos, fundamentalmente los de aquellos que usan el catalán, el gallego o el vasco. Al respecto destaca la iniciativa aprobada en el Congreso y que obliga a medianas y grandes empresas a atender a los ciudadanos en catalán aunque estén localizadas fuera de la región y operen en todo el territorio nacional.
La Generalidad catalana, presidida por el también socialista Salvador Illa, ha recrudecido la política lingüística del separatismo sin complejo alguno. Ahora pretende llenar los hospitales de carteles en catalán con la terminología médica y emitir vídeos en la sala de espera sobre los nombres en catalán de las partes del cuerpo humano, una campaña dirigida no solo a los médicos sino también a los usuarios.
Son algunos ejemplos de la región donde una entidad llamada Plataforma per la Llengua se dedica a espiar en qué idioma hablan los niños en los patios escolares o a denunciar, señalar y boicotear a quienes no entienden el catalán o no lo usan, como pasó este verano con la dependiente de una heladería en el barrio de Gracia de Barcelona.
En cambio, en Madrid se puede poner un cartel en catalán sin que la Comunidad de Madrid le ponga una multa a quien lo haga y, también hay que reseñarlo, entre la indiferencia de los madrileños.