No hay precedentes en la historia de la democracia española. Por primera vez, el Tribunal Supremo ha decidido condenar a un Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado por mayoría de sus miembros al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
Sin embargo, en lugar de preservar la honorabilidad de la institución solicitando su paso al lado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado desde el principio por una estrategia de cerrar filas, atacar a la oposición y defender al fiscal general del Estado, ahora condenado.
El primero en marcar la línea de defensa fue el propio presidente del Gobierno. Lejos de mostrar preocupación por la situación procesal del máximo garante de la legalidad en España, Pedro Sánchez salió en su defensa desde el primer momento.
Desde la Moncloa, el jefe del Ejecutivo aseguró que García Ortiz "hizo su trabajo", que no fue otro que "perseguir al delincuente y combatir la desinformación y el bulo".
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, también ha actuado durante este tiempo de repetidora de las consignas de Moncloa en cada rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Por su parte, también el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, magistrado de carrera, ha tenido que hacer malabarismos para justificar lo injustificable. Marlaska ha evitado valorar el fondo jurídico de la imputación para centrarse en el argumento político: el respaldo al fiscal es "total" porque su actuación tenía como objetivo la "transparencia".