Sumar, el partido de Yolanda Díaz, presentó justo antes de Navidad una Proposición No de Ley para la prohibición de la detención de "inmigrantes vulnerables" y "garantizar su protección". Para ello, exigen también al Gobierno de Pedro Sánchez imponer una formación obligatoria de "enfoque de género" a los agentes de fronteras.
"La legislación internacional y nacional reconoce la especial vulnerabilidad de ciertos grupos de personas en contextos migratorios, como niños, niñas y adolescentes, mujeres víctimas de trata o violencia de género, personas con discapacidad, personas mayores, solicitantes de asilo y refugiados. A pesar de ello, la práctica de la detención administrativa de migrantes en España, a menudo por razones puramente administrativas y no penales, afecta desproporcionadamente a estos colectivos, contraviniendo principios fundamentales de protección y el interés superior del menor", señalan desde la formación de extrema izquierda.
"La Ley sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, si bien regula las condiciones de entrada, estancia, residencia y salida de extranjeros, así como sus derechos y libertades, no aborda de manera explícita y suficiente la prohibición de la detención de todos los grupos vulnerables en contextos migratorios", añaden.
"Aunque la ley ha sido objeto de diversas modificaciones para adaptarla a los tiempos y las necesidades, es fundamental seguir avanzando para asegurar que sus preceptos se alineen completamente con los estándares internacionales de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la protección de las personas más frágiles. La detención, incluso por períodos cortos, puede tener graves repercusiones físicas y psicológicas en personas vulnerables, exacerbando traumas preexistentes y afectando su dignidad y desarrollo" advierte la formación de Yolanda Díaz.
"La detención con fines de expulsión también resulta especialmente perjudicial para otros colectivos, como víctimas de trata de seres humanos, personas con discapacidad o con problemas graves de salud mental, supervivientes de tortura o menores no acompañados -menas- a los que se aplican métodos cuestionables de determinación de la edad y que en algunos casos han sido expulsados incluso determinándose como menores. Para estas personas, un entorno de privación de libertad puede suponer una revictimización y un agravamiento irreversible de su estado", denuncian las diputadas Aina Vidal y Viviane Ogou.
"Es imperativo que España, como Estado miembro de la Unión Europea y firmante de numerosos tratados internacionales de derechos humanos, adapte su legislación y prácticas a los estándares internacionales más elevados en materia de protección de grupos vulnerables en contextos migratorios. Esto implica una prohibición explícita de su detención y la implementación de alternativas que garanticen su acogida digna, su acceso a la asistencia legal y social, y su protección frente a la explotación y el abuso", exigen al Gobierno.
"Existen alternativas a la detención que son más humanas, eficaces y, a menudo, menos costosas. Modelos basados en la acogida en recursos abiertos, el seguimiento en la comunidad y el apoyo de profesionales y entidades especializadas", propone Sumar.
"Esta Proposición No de Ley busca un compromiso firme por parte del Gobierno para transitar hacia un modelo que priorice la protección de los derechos humanos y la dignidad de todas las personas, especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, y que complemente y fortalezca el espíritu de la ley", solicitan desde la formación.
Por ello, desde el partido de extrema izquierda instan al Gobierno a "impulsar un Proyecto de Ley con las modificaciones legislativas necesarias en la ley anteriormente mencionada para prohibir el internamiento de los colectivos vulnerables, identificados como tales por la normativa europea e internacional, como víctimas de trata, personas con discapacidad, personas mayores o aquellas que padezcan enfermedades graves o trastornos mentales, cuya situación pueda verse agravada por la privación de libertad".
Además, exigen al Ejecutivo "desarrollar, regular y dotar presupuestariamente un sistema de alternativas a la detención que dote de recursos de carácter abierto y especializado, gestionados en colaboración con las Comunidades Autónomas, asegurando un seguimiento de los procedimientos migratorios desde un enfoque de derechos humanos".
Por último, Sumar quiere reforzar los protocolos de actuación para "la identificación inmediata de las situaciones de vulnerabilidad en los puntos de entrada fronteriza", además de imponer una "formación obligatoria y especializada en materia de derechos, enfoque de género y protección internacional para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y todo el personal que trabaja en la gestión de fronteras y migraciones".