En una sesión de control que ha servido para retratar una vez la deriva radical del Gobierno, la diputada del PP Ester Muñoz ha interpelado con dureza a la vicepresidenta María Jesús Montero sobre la regularización masiva de inmigrantes ilegales. La popular ha acusado al Ejecutivo de saltarse los marcos legales europeos para imponer una agenda ideológica sin precedentes. Muñoz ha denunciado que España se está convirtiendo en una anomalía dentro de la Unión Europea, actuando sin control y de espaldas a los socios comunitarios en un asunto que afecta directamente a la soberanía nacional.
La interpelación se ha centrado en el asombroso cambio de postura del Gobierno, que hace apenas un mes consideraba esta regularización fuera del marco legal y ahora la abraza con entusiasmo. La diputada del Partido Popular ha cuestionado si el Gobierno se rige por el principio de legalidad o si, por el contrario, la ley es un obstáculo moldeable según las necesidades de supervivencia de Pedro Sánchez. Esta falta de coherencia jurídica no es sino otra muestra del caos institucional al que este Gobierno está sometiendo a los españoles, ignorando las normas que el propio sistema democrático se ha dado.
La respuesta de la vicepresidenta ha sido el habitual ejercicio de evasión y ataque personal, recurriendo a falacias ad hominem para deslegitimar la labor de fiscalización de la oposición. En lugar de ofrecer datos técnicos o explicar el encaje legal de la medida, Montero ha optado por acusar al Partido Popular de ser una oposición irresponsable que no acepta los resultados electorales. Para el Ejecutivo, cualquier crítica es sinónimo de calificar al Gobierno de ilegítimo, un escudo retórico que utilizan sistemáticamente para no responder por las consecuencias de sus actos ante la opinión pública.
El debate ha alcanzado su punto más álgido cuando se han recordado los múltiples escándalos de corrupción y degradación que asolan al sanchismo. Muñoz ha sido tajante al señalar que el país está gobernado por un gabinete rodeado de tramas de amaños de contratos, episodios de prostitución y presuntas violaciones, "cuando salgo a la calle lo que me daría vergüenza que alguien pueda pensar que soy de izquierdas", ha zanjado. En este contexto de descomposición moral, la política de fronteras abiertas y la concesión de papeles por doquier se perciben como un incentivo al efecto llamada, o pull factor, beneficiando directamente a las mafias que lucran con la desesperación ajena mientras el Estado abdica de sus funciones de control.
Tal y como ha señalado Muñoz, resulta especialmente alarmante el hecho de que para la regulación de inmigrantes se hayan eliminado requisitos que deberían ser fundamentales para obtener la residencia, como la presentación de antecedentes penales de los países de origen. Esta medida, sumada a la relajación de los controles policiales en suelo español, supone una grave amenaza para la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica. Desde una perspectiva liberal-conservadora, premiar la entrada ilegal no solo es una injusticia para quienes cumplen las normas, sino que destruye el valor de la ley y fomenta una sociedad donde la impunidad parece ser la norma bajo el mandato de la izquierda radical.
La intervención final ha retratado a un Pedro Sánchez movido por un carácter egocéntrico y vanidoso, cuyo único objetivo es mantenerse en el poder a cualquier precio, incluso a costa de hacer a España un país totalmente ingobernable. La vicepresidenta, por su parte, ha insistido en el discurso del miedo hacia la ultraderecha, intentando ocultar que es su propio Gobierno el que carece de un proyecto de nación sólido y coherente. Este enfrentamiento deja claro que el Ejecutivo ha renunciado a la gestión seria para instalarse definitivamente en la propaganda y el enfrentamiento social constante.